¿Qué sabemos del plan del DHS para quitar los permisos de trabajo a casi un millón de migrantes?

La administración de Donald Trump ha dado un nuevo paso en su política contra la migración legal al presentar una medida que podría quitar los permisos de trabajo a casi un millón de migrantes. La medida que apenas inició su etapa de consulta pública este 5 de junio, afectaría directamente a los migrantes que actualmente cuentan con Permiso de Autorización de Empleo (EAD), informó Newsweek.

¿En qué consiste el plan para quitar los permisos de trabajo a casi un millón de migrantes?

De acuerdo con el documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que hasta la noche del jueves no había sido publicado en el Registro Federal, se establecerán varias restricciones con las cuales el EAD dejará de ser un derecho y pasarán a ser un beneficio discrecional. Entre los cambios más significativos destacan:

• Acortamiento de plazos: La vigencia de la mayoría de los permisos se reduciría a un máximo de un año, actualmente es dos.
• Requisito de E-Verify: Para renovar el permiso, los empleados deberán trabajar obligatoriamente para empresas inscritas en el sistema federal E-Verify.
• Se reforzarán los vetos: Se exigirá comprobar necesidad económica, pasar verificaciones de antecedentes más estrictas y cumplir con criterios caso por caso.
• Escrutinio criminal: Arrestos, condenas o sospechas de vínculos con pandillas o grupos terroristas resultarían en la descalificación automática, salvo en casos de interés público comprobado.

Estos son los grupos afectados por la medida contra los EAD

Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) correspondientes al año fiscal 2024, las categorías impactadas por esta propuesta sumaron 978 mil 308 aplicaciones:

• 792 mil 130 aplicaciones bajo parole humanitario.
• 153 mil 154 aplicaciones bajo acción diferida (excluyendo DACA).
• 33 mil 24 aplicaciones de personas con órdenes de deportación final.

El grupo con órdenes de remoción sufriría el impacto más severo; la regla eliminaría la autorización de trabajo para casi todos ellos, permitiéndola únicamente en supuestos extremadamente raros donde el país de origen se niegue a aceptar al individuo.

Riesgos económicos y sociales

La propia agencia proyecta un impacto económico significativo, estimando costos directos de entre 9 mil 100 millones y 27 mil 900 millones de dólares a lo largo de una década. Estos costos derivarían de la pérdida de ingresos de los trabajadores desplazados, el aumento en la carga administrativa y la inestabilidad en sectores que dependen críticamente de esta mano de obra.

Expertos advierten sobre las consecuencias de estas medidas: “Restringir o hacer más incierto el acceso a la autorización de trabajo no hace que las personas desaparezcan; a menudo las vuelve más vulnerables económicamente y puede empujarlas hacia mercados laborales informales”, señaló Adam Klein, exfuncionario del DHS.

Por su parte, líderes empresariales y organizaciones como el National Immigration Forum alertan que esta política podría exacerbar la escasez de mano de obra, disuadir el crecimiento en sectores clave y desestabilizar a comunidades que dependen de trabajadores legales. Mientras el gobierno argumenta que estas medidas protegen los salarios de los ciudadanos estadounidenses y refuerzan la ley, los críticos advierten que el endurecimiento hacia quienes trabajan legalmente terminará perjudicando la estabilidad económica general del país.

Será a partir de este 5 de junio cuando propuesta entre en un periodo de 60 días de consulta pública, antes de que pueda ser finalizada y entrar en vigor.