ICE no quiere que las personas vean lo que pasa en sus cárceles: American Immigration Council

La opacidad y el secretismo son las principales defensas de las autoridades federales para ocultar las deficiencias cometidas por el gobierno en las cárceles de ICE, informó el American Immigration Council (AIC).

De acuerdo con la organización sin fines de lucro, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha implementado nuevas políticas que limitan severamente la capacidad de supervisión del Congreso en sus centros de detención. Adicionalmente, el AIC destacó que el rechazo a las visitas de legisladores en el centro Delaney Hall de Newark, Nueva Jersey, ocurridos en medio de una huelga de hambre y protestas violentas a las afueras de la prisión, dejaron clara la estrategia para evitar el escrutinio público sobre lo que ocurre tras sus muros.

Estas son las medidas para que no se sepa lo que pasa en las cárceles de ICE

Un memorando emitido por el ICE el pasado 11 de mayo formaliza restricciones que bloquean el trabajo de supervisión de los legisladores y su personal. Las nuevas normas exigen:

• Identificación específica: El Congreso debe identificar de antemano a cada persona detenida con la que desean hablar.
• Pruebas de consentimiento: Se requiere presentar pruebas válidas de que el detenido ha aceptado la entrevista.
• Notificación previa: Cualquier visita debe ser notificada con al menos dos días de antelación.

Estas medidas impiden que los legisladores realicen visitas sorpresivas, herramienta clave para obtener información real sin que la agencia tenga oportunidad de “sanitizar” las condiciones o trasladar a los detenidos a otros centros antes de la llegada de la delegación. Este patrón de obstrucción ya ha sido documentado anteriormente; se ha acusado a la agencia de vaciar centros de detención apenas 24 horas antes de visitas programadas por representantes electos.

Aunque un juez federal dictaminó a inicios de año que la política la agencia para exigir siete días de aviso previo violaba leyes que prohíben al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizar fondos federales para obstaculizar la labor de supervisión del Congreso, ICE sigue implementando estas práctias.

El memorando reciente también prohíbe explícitamente la toma de fotografías o grabaciones de video dentro de las instalaciones, alegando “interrupciones operativas”. Los legisladores denuncian que esto es un intento directo por ocultar la realidad del trato a los individuos y las condiciones de confinamiento que han sido señaladas por abusos de derechos humanos, negligencia médica sistémica y falta de acceso a agua y alimentos adecuados.

El debate sobre el gasto y la rendición de cuentas

La falta de transparencia resulta especialmente crítica considerando el presupuesto sin precedentes de la agencia. En 2025, el ICE recibió 75 mil millones de dólares bajo la ley One Big Beautiful Bill Act, de los cuales 45 mil millones fueron destinados exclusivamente a la detención. Actualmente, el Congreso debate la asignación de otros 70 mil millones adicionales.

Para los críticos, es contradictorio que una de las agencias mejor financiadas del gobierno federal alegue que las visitas legislativas son “intensivas en recursos” y, por tanto, deben ser restringidas.

Ante la ineficacia de otros mecanismos de transparencia, como la Ley de Libertad de Información (FOIA), que sufre retrasos de años y limitaciones severas en la entrega de documentos, figuras del Congreso han comenzado a impulsar reformas legales. La congresista LaMonica McIver, quien fue arrestada el año pasado al intentar acceder a Delaney Hall, ha presentado una propuesta de ley destinada a blindar por ley el acceso ininterrumpido de los miembros del Congreso a los centros de detención.

La urgencia de estas medidas radica en que el sistema de detención migratoria no solo ha crecido en escala, sino que se ha vuelto más letal, según informes recientes. Mientras el Congreso y la administración Trump mantienen esta pugna legal, el mensaje de los legisladores es claro: la rendición de cuentas sobre cómo el Estado utiliza el dinero de los contribuyentes y cómo trata a las personas bajo su custodia no puede quedar en manos de una agencia que busca activamente ser fiscalizada.