Cartas, deudas y miedo: así hostiga Trump a miles de migrantes

Miles de personas migrantes en Estados Unidos están viviendo días de miedo e incertidumbre después de recibir cartas del Gobierno de Donald Trump con multas millonarias por no haber salido del país tras recibir una orden de deportación años atrás.

Algunas de estas sanciones llegan hasta los 1.820.352 dólares, una cantidad prácticamente imposible de pagar para familias trabajadoras. Además, las autoridades dan solo 15 días para responder o presentar una objeción formal.

De acuerdo con reportes recientes, más de 65 mil migrantes ya recibieron estas notificaciones y el monto total de las multas supera los 36 mil millones de dólares.

¿Por qué están llegando estas multas?

La estrategia forma parte de las nuevas políticas migratorias impulsadas por Trump durante su segundo mandato. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reactivó una ley de 1996 que permite cobrar hasta mil dólares por cada día que una persona permanezca en Estados Unidos después de recibir una orden de salida voluntaria.

Aunque la medida ya había sido intentada años atrás, ahora el Gobierno la está aplicando con mayor fuerza.

Abogados llaman a buscar ayuda legal

Expertos en migración aseguran que la mayoría de las personas afectadas no tiene manera de pagar esas cantidades y consideran que las multas son una forma de hostigamiento.

Además, advierten que el Gobierno podría intentar cobrar el dinero mediante embargos, afectaciones al historial crediticio o agencias de cobro.

Por eso, recomiendan que cualquier persona que reciba una notificación busque asesoría legal lo antes posible y no ignore la carta, ya que el tiempo para responder es muy corto.

Una estrategia de Trump para impulsar la “autodeportación”

Diversas organizaciones defensoras de derechos migrantes señalan que estas medidas forman parte de una estrategia para presionar psicológicamente a las personas migrantes y hacer que abandonen el país por miedo o desesperación.

Mientras tanto, abogados y activistas ya preparan demandas para intentar frenar las sanciones, argumentando que son excesivas, crueles y posiblemente inconstitucionales.