Trump contrata nuevos jueces de migración para acelerar las deportaciones

En un nuevo intento para acelerar las deportaciones de migrantes, la administración del presidente Donald Trump emprendió un par de nuevas tácticas, la cuales consisten en la implementación de “mega audiencias” (mega masters), que agrupan a más de 100 personas de forma simultánea, y la incorporación masiva de nuevos jueces con perfiles vinculados a la persecución penal para que ocupen las vacantes existentes en las cortes de inmigración del Departamento de Justicia (DOJ)

¿En qué consisten los planes para acelerar la deportación de migrantes?

De acuerdo con National Public Radio y CBS News, así como con la la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), estas audiencias masivas ya están teniendo lugar y se realizan en ciudades como Chicago, Boston y Chelmsford, además, existen planes de expansión hacia Dallas.

En cuanto al como operan, AILA expresó si preocupación por los siguientes puntos:

• Falta de debido proceso: Las audiencias se dirigen mayoritariamente a personas que no cuentan con representación legal. Muchos de estos citatorios corresponden a casos originalmente programados para 2027, 2028 o 2029, adelantados sin notificaciones claras.
• Deportaciones automáticas: Al agrupar a tantos individuos, el riesgo de que las personas no reciban el aviso de cambio de fecha es alto. Si un migrante no se presenta, el juez puede emitir una orden de deportación in absentia.
• Colapso operativo: Abogados advierten que estos recintos no cuentan con la capacidad física para albergar a 100 personas a la vez, creando un entorno de caos que favorece las resoluciones rápidas y automatizadas en lugar de un análisis caso por caso.

Esta ofensiva administrativa coincide con una reestructuración profunda de la judicatura migratoria. El Departamento de Justicia acaba de juramentar a 77 jueces permanentes y 5 temporales, la clase más numerosa en la historia de la agencia.

Sin embargo, esta contratación ocurre tras un año turbulento en el que la administración despidió a más de 100 jueces, incluidos muchos nombrados durante el periodo anterior y otros con antecedentes de defensa a migrantes. El nuevo grupo de jueces, según perfiles proporcionados por el DOJ, proviene mayoritariamente de las filas de abogados de ICE, fiscalías o del estamento militar.

El gobierno ha sido explícito en sus intenciones: en anuncios oficiales de contratación, el DOJ se ha referido a estos puestos como “jueces de deportación”, un término que los críticos consideran una prueba de que los tribunales ya no funcionan como árbitros imparciales, sino como herramientas directas de la campaña de deportación masiva del presidente Trump.

El gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para reducir un rezago que llegó a superar los 4 millones de casos y “restaurar el estado de derecho”. El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que la administración está dedicada a “reestablecer un cuerpo de jueces de inmigración dedicado a restaurar la ley”.

Por su parte, Greg Chen, de la AILA, advirtió que estas acciones han transformado el sistema:

“Las cortes no son justas ni independientes… están completamente controladas por un Presidente que les ha quitado el poder y las está usando para ejecutar su campaña de deportación masiva”.

Mientras la administración busca alcanzar la meta de un millón de deportaciones anuales, cifra significativamente superior a las 600 mil registradas en 2025, los migrantes sin abogado y aquellos en ciudades con cortes bajo este nuevo sistema enfrentan un panorama de incertidumbre donde la velocidad del proceso ha sustituido, en la práctica, a la posibilidad de presentar una defensa sustancial.