Purga de jueces y falta de experiencia; el estado de los jueces de inmigración en USA en 2026

El sistema de tribunales de inmigración de Estados Unidos atraviesa una transformación sin precedentes que pone en riesgo la imparcialidad de los procesos legales, desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia (DOJ) ha despedido a más de 100 jueces de inmigración y ha llenado los huecos en el sistema con jueces que no tienen experiencia en la materia.

En este sentido, expertos como Austin Kocher, profesor asistente de investigación en la Escuela de Comunicación Pública S.I. Newhouse, advierte de los riesgos de esta purga masiva provoca para el sistema legal estadounidense y como agrava el retraso de casos en las cortes, El cual ya supera los 3 millones de casos acumulados.

¿Qué pasa con los jueces de inmigración en USA?

Con el objetivo de aclarar la situación actual en las cortes migratorias de Estados Unidos, en este artículo te detallamos lo que está pasando hasta este 3 de mayo de 2026.

Los jueces de inmigración dependen del gobierno

A diferencia de los jueces federales del Artículo III, los jueces de inmigración son empleados del Departamento de Justicia (DOJ), lo que los deja con menos protecciones y mayor exposición a presiones políticas.

Demás del despido de 100 jueces, el DOJ ha presionado entre 50 y 60 han jueces para abandonar sus cargos.

Los reportes indican que muchos de los jueces despedidos habían emitido fallos recientes en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o a favor de los derechos de los migrantes, contraviniendo la visión de la administración de convertirlos en “jueces de deportación”.

Nuevas contrataciones sin experiencia previa

Para llenar estas vacantes, la administración ha acelerado la contratación de más de 140 nuevos jueces, pero bajo condiciones que generan dudas sobre su capacidad técnica:

• Falta de trayectoria: Según un análisis de The Washington Post, el 67% de los nuevos jueces contratados no cuenta con experiencia previa relevante en leyes de inmigración en sus biografías públicas.
• Origen profesional: Solo el 24% trabajó anteriormente en agencias como ICE, el DHS o dentro de las mismas cortes de inmigración.
• Capacitación recortada: El programa de entrenamiento estándar para los nuevos jueces se redujo de cinco semanas a solo tres, acelerando su llegada al estrado sin una preparación exhaustiva.

El conflicto por el derecho a fianza

En paralelo a los cambios en el personal, la administración ha intentado implementar una maniobra procesal para eliminar la posibilidad de que los jueces otorguen fianzas. Desde mediados de 2025, ICE comenzó a reclasificar a casi todos los detenidos en el interior del país como “solicitantes de admisión” bajo la Sección 235 de la Ley de Inmigración, en lugar de la Sección 236(a).

Este cambio técnico busca que ICE pueda encarcelar a los detenidos de forma indefinida, arrebatándole a los jueces la autoridad para considerar una fianza, incluso para personas que han vivido décadas en el país.

El freno de las cortes federales

A pesar de la agresividad de esta política, el sistema judicial federal ha respondido con un rechazo casi unánime:

• 93% de rechazo: Un total de 373 jueces federales han fallado en contra de esta medida de ICE, mientras que solo 28 la han respaldado.
• Fallo clave del Segundo Circuito: Esta semana, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito dictaminó que el régimen de “no fianza” plantea serios cuestionamientos constitucionales.

Esta decisión judicial marca un precedente fundamental y prepara el terreno para un enfrentamiento definitivo en la Corte Suprema de Justicia, que determinará si el gobierno puede o no privar a los migrantes de su derecho a solicitar la libertad bajo fianza mientras esperan la resolución de sus casos.

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