Trump canceló de forma ilegal estatus de usuarios de CBP One: Jueza
Una jueza ordenó restablecer el estatus de usuarios de CBP One a los cuales la administración Trump les revocó sus protecciones.
En una decisión que representa un revés para la administración de Donald Trump y una victoria para miles de migrantes, la jueza de Boston, Allison Burroughs determinó que la el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó de manera ilegal al cancelar de forma masiva el estatus de usuarios de CBP One, quienes ingresaron de forma regular a Estados Unidos durante la era de Joe Biden.
Aunque la orden de la jueza permite restablecer el estatus legal de miles de migrantes afectados por la decisión del presidente, la administración Trump aun puede apelar esta decisión, por el momento no está del todo claro qué pasará.
Por qué Trump canceló el estatus de usuarios de CBP One
A pesar de que estas personas cumplieron con todos los requisitos de la aplicación CBP One y pasaron sus entrevistas de temor creíble para poder iniciar su proceso de asilo, la administración Trump calificó a estas personas como “ilegales”, les revocó las protecciones de las que gozaban y amenazó con deportarlos del país, incluso cazando en los tribunales de inmigración a personas que estaban en proceso para obtener protección.
Debido a esto, la jueza de distrito Allison Burroughs determinó que el gobierno sobrepasó su autoridad y violó sus propios procedimientos administrativos al intentar revocar los permisos de residencia temporal y de trabajo “con un solo clic”.
Aproximadamente 900 mil personas lograron entrar a EE.UU. a través de la app CBP One, recibiendo un estatus de libertad condicional humanitaria (parole) por un periodo de dos años, lo que además les permitía tramitar permisos de trabajo legales mientras procesaban sus solicitudes de asilo.
Sin embargo, durante su primer día de gobierno, el presidente Donald Trump suspendió proceso y renombró la app como CBP Home, transformándola en una herramienta que facilitaba las autodeportaciones. El 8 de abril de 2025, el DHS envió correos electrónicos masivos a cientos de miles de estos beneficiarios con una instrucción tajante:
“Es hora de que abandone los Estados Unidos. Por favor, parta inmediatamente”.
Quienes no acataran la orden se enfrentaban a la pérdida inmediata de su derecho a trabajar y a la amenaza latente de detención y deportación rápida.
El fallo de la jueza: Incumplimiento de las propias reglas
La demanda colectiva fue interpuesta en agosto de 2025 por tres mujeres migrantes originarias de Venezuela, Cuba y Haití junto con la Asociación Venezolana de Massachusetts y el grupo legal liberal Democracy Forward.
La jueza Burroughs, quien fue nominada en su momento por el presidente Barack Obama, basó su fallo a favor de los migrantes en que el DHS violó la Ley de Procedimiento Administrativo:
- Falta de registros: La ley exige que para revocar un parole, un oficial debe dejar constancia escrita e individual de que los propósitos humanitarios de ese permiso ya se cumplieron. El gobierno de Trump no hizo esto; simplemente mandó correos electrónicos automáticos.
- Exceso de autoridad: La jueza escribió que las terminaciones masivas “excedieron la autoridad legal de la agencia y contradijeron los procedimientos establecidos en sus propias regulaciones”.
“El fallo es un claro rechazo a una administración que ha intentado borrar el estatus legal de cientos de miles de personas con solo presionar un botón”, declaró Skye Perryman, representante de Democracy Forward.
La letra pequeña: Un respiro, pero no una solución permanente
Si bien la decisión de la jueza Burroughs restablece de inmediato el estatus legal y los permisos de trabajo de los migrantes que recibieron el polémico correo electrónico, los expertos legales advierten que no se trata de una victoria definitiva:
- No garantiza la residencia: El fallo solo devuelve a las personas al estatus que tenían antes del correo de abril. Es decir, siguen teniendo un permiso temporal (parole).
- El reloj sigue corriendo: El programa original solo otorgaba dos años de estancia legal. Muchos de los beneficiarios verán vencer sus permisos en los próximos meses, momento en el cual volverán a quedar en un limbo legal si no han logrado avanzar en sus trámites de asilo individuales.
- Apelación en puerta: Es altamente probable que la administración de Trump apele este fallo ante una instancia superior, una práctica común del gobierno para defender sus políticas de mano dura.
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