El gobierno mexicano no ha dado a conocer un plan claro ante las posibles deportaciones anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras tanto, los albergues para migrantes en el norte de México ya están tomando medidas para enfrentar este escenario, enfocándose en recibir a quienes sean repatriados, facilitar su reintegración al ámbito laboral y documentar cualquier abuso contra migrantes que pueda ocurrir en ambos lados de la frontera.
Luis Eduardo Zavala, director de Casa Monarca, un albergue en Monterrey, explicó a la agencia AP que estas iniciativas forman parte de los acuerdos alcanzados esta semana por 28 albergues de la región norte del país, muchos de ellos gestionados por la Iglesia católica. La reunión se llevó a cabo en el estado de Nuevo León, donde se encuentra Monterrey.
Zavala, quien también es sacerdote y académico, señaló que el principal objetivo es replicar el modelo implementado en Tijuana hace décadas, cuando comenzaron a llegar deportados. Este enfoque implica adaptar los albergues para atender no solo a quienes buscan cruzar hacia Estados Unidos, sino también a aquellos que son retornados. Además, se busca vincular a los deportados con fábricas y empresas locales que puedan ofrecerles empleo.
La prioridad, destacó Zavala, es integrarlos rápidamente al mercado laboral, y Nuevo León, con su alto nivel de industrialización, se presenta como una zona estratégica para lograrlo. Sin embargo, aún no se tiene claridad sobre el tipo de apoyo que los consulados mexicanos en Estados Unidos brindarán, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado que se ofrecerá respaldo legal y administrativo. Tampoco está claro si las deportaciones incluirán exclusivamente a ciudadanos mexicanos o también a migrantes de otras nacionalidades.
“Debemos replantear nuestras estrategias para canalizar de manera eficiente a los deportados, sin importar el escenario que enfrentemos”, afirmó Zavala.
Nuevo León es uno de los pocos estados que, desde hace algunos años, destina recursos para apoyar a organizaciones de la sociedad civil en su trabajo con migrantes, comentó Zavala. Sin embargo, subrayó que el apoyo del gobierno federal sigue siendo limitado.
En el comunicado emitido al final del encuentro, los albergues instaron al gobierno federal a incrementar el financiamiento para las organizaciones que trabajan con migrantes, ya sean gubernamentales o civiles. También solicitaron la promoción de programas que faciliten la regularización y permanencia legal de los migrantes en México, así como la investigación de abusos contra ellos, en línea con los compromisos del país en materia de derechos humanos.
Zavala añadió que “Monterrey tiene un déficit de más de 15,000 vacantes laborales”, especialmente en industrias relacionadas con cadenas de suministro, y que frecuentemente empleadores acuden al albergue en busca de trabajadores.
Otra de las iniciativas propuestas, en colaboración con la organización estadounidense “Immigrant Hope”, es la creación de una base de datos que registre los abusos cometidos contra migrantes en ambos lados de la frontera, con el fin de exigir mecanismos legales que garanticen su protección.
No obstante, la incertidumbre actual dificulta la planificación, lo que representa un gran desafío para los albergues y las comunidades involucradas.
