El año pasado, en una reunión con poca asistencia, el comité educativo del distrito escolar de Saugus en Massachusetts aprobó una nueva política para facilitar el proceso de inscripción de estudiantes. Sin embargo, algunos críticos aseguran que las nuevas reglas, como exigir pruebas de residencia legal y aplicar “sanciones civiles y penales” a quienes no cumplan, buscan en realidad excluir a los migrantes del distrito escolar ubicado en las afueras de Boston.
Este debate no se limita a Saugus; la controversia sobre si los niños migrantes deben ser aceptados en las escuelas públicas de Estados Unidos se extiende a nivel nacional. Activistas temen que el tema cobre más importancia si Donald Trump vuelve a postularse para la presidencia.
En estados como Oklahoma, Texas y Tennessee, algunos políticos conservadores cuestionan si los migrantes sin estatus legal tienen derecho a recibir educación pública, lo que podría abrir la puerta a demandas que busquen desafiar un fallo de la Corte Suprema.
Por décadas, los hijos de familias sin residencia legal han podido asistir a escuelas públicas gracias a una decisión de la Corte Suprema conocida como Plyler vs. Doe, que estableció que sería inconstitucional negarles la educación a los niños por su estatus migratorio.
Las nuevas reglas en Saugus requieren que los estudiantes presenten documentos que prueben su estatus legal y demuestren que son “residentes legales” del distrito, donde el porcentaje de estudiantes que aprenden inglés se ha triplicado en los últimos diez años. Las familias también deben llenar un formulario del censo y presentar documentos de identidad y pruebas de ocupación laboral.
Organizaciones de derechos civiles señalan que estos requisitos son excesivos y que afectan desproporcionadamente a los niños de familias inmigrantes, quienes podrían no tener los documentos solicitados. Por su parte, el presidente del comité de Saugus, Vincent Serino, argumenta que la intención no es excluir a los inmigrantes, sino mejorar los requisitos existentes.
Sin embargo, una madre nicaragüense expresó que tardó seis meses en inscribir a su hijo debido a las exigencias de documentación, lo que incluyó el rechazo de su contrato de alquiler como prueba de residencia.
Expertos en inmigración advierten que cualquier intento de debilitar Plyler vs. Doe debe tomarse en serio, ya que la actual Corte Suprema, de tendencia conservadora, ha mostrado disposición a reconsiderar precedentes históricos.
Trump, que ha hecho de la inmigración un tema central de su campaña, ha prometido llevar a cabo una gran operación de deportación y afirma que los niños inmigrantes traen enfermedades a las escuelas. En tanto, organizaciones conservadoras han sugerido que los estados impongan cuotas a las familias inmigrantes por la educación de sus hijos, lo que podría llevar a un litigio en la Corte Suprema para revisar Plyler vs. Doe.
Algunos distritos han resistido, diciendo que la ley federal es clara: no se puede preguntar a los estudiantes sobre su estatus migratorio ni exigirles documentos de ciudadanía.
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