La mañana de este 24 de abril, varias decenas de personas se dieron cita en la intersección entre la calle General Prim y la avenida Bucareli, en la ciudad de México, a unos metros de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). La intención: decirle al Jefe de Gobierno, Martí Batres, al Gobierno Federal, representado por SEGOB y el Instituto Nacional de Migración (INM), que “la calle no es albergue”.
La convocatoria, que circuló en redes sociales desde hace un par de semanas, es una iniciativa ciudadana. Ésta, a decir de Emmanuel Ruiz, abogado representante de la comunidad de vecinos que se manifestaron, es la segunda vez que salen a las calles a solicitar que la población en tránsito sea reubicada de la plaza Giordano Bruno.
La respuesta de las autoridades, hasta ahora, denuncia Ruiz, ha sido nula. Se han enviado alrededor de diez oficios a lo largo de dos años, mismos que no han sido contestados; éste es el segundo cierre de calles convocado. El próximo, dicen, será de mayores proporciones de no contar con una mesa de diálogo: “éramos 30 vecinos; hoy sumamos 60”.
“Queremos que las autoridades reubiquen a los migrantes que viven en la colonia Juárez: en las calles de Roma, Viena, Berlín, Milán y la plaza Giordano Bruno”, dijo Ruiz a Conexión Migrante, quien también señaló que esta petición es “en solidaridad con estos migrantes, para que puedan tener un lugar adecuado donde puedan esperar sus trámites”.
La plaza que se convirtió en albergue
Desde hace poco más de seis meses un campamento de personas, en su mayoría haitianas, volvió a instalarse en la plaza Giordano Bruno, en la Ciudad de México. Poco más de 500 personas ocupan el lugar; esperan diversas resoluciones de trámite: refugio por parte del gobierno mexicano (los menos), o citas CPB One con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Pero este campamento es de larga data.
La presencia de la población en tránsito en este punto geográfico particular obedecía a que, muy cerca de donde hoy está instalado el campamento, se encontraba la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), pero también a que las instalaciones de refugios ubicados en la alcaldía Tláhuac comenzaron a dejar a los usuarios solo pernoctar, pero no vivir ahí.
Entre la espera de resolución de trámites y la ausencia de espacios donde asearse, comer y descansar, la población haitiana en tránsito decidió tomar la plaza pública aledaña a su centro receptor de peticiones, mismo que ya fue reubicado en el municipio de Naucalpan. Los trámites siguen a la espera; la presencia en las calles se convirtió en bomba de tiempo.
Los vecinos de la colonia Juárez opinan que, mientras esto ocurre, las autoridades mexicanas deben tomar cartas en el asunto: “la calle no es el lugar donde estas personas deben vivir: son condiciones insalubres, inseguras, además de que esto impacta en la vida del vecino y del comerciante”.
Situación de los albergues en CMDX
En la Ciudad de México hay al menos, según contabilizaba ACNUR al cierre de 2023, siete refugios oficiales especializados en la recepción de personas migrantes.
Sin embargo, hasta octubre de 2023, varios de ellos registraron una capacidad rebasada: CAFEMIN, que tiene disponibilidad para una ocupación de 80 a 100 personas, registró cifras de 650; Tochán, que puede recibir hasta 40 personas, albergaba 105. El espacio administrado por la alcaldía Tláhuac es ocupado por unas 500 personas, muchas de ellas acampando en las inmediaciones, en condiciones de alto riesgo.
La saturación de los espacios para recibir a la población en tránsito ha provocado que ésta decida ocupar las calles (alrededor de los albergues, pero también de los centros de trámite, como lo ocurrido con la colonia Juárez y la Comar), las centrales de autobuses y el espacio público en general, detonando la impaciencia de vecinos.
El flujo de personas provenientes de Venezuela y Haití, principalmente, ha aumentado considerablemente desde hace un par de años, demostrando que ésta seguirá siendo una tendencia al alza.
¿Más albergues o cambio en la política?
Tanto organismos internacionales, como sociedad civil organizada, enfatizan que se requiere el reforzamiento en la respuesta humanitaria por parte del gobierno de la CDMX: garantizar más espacios de acogida, pero también la especialización de servicios, por ejemplo, en atención a mujeres, infancias y población LGBT+.
La población en tránsito, además, se ha negado históricamente a los procesos de reubicación debido a una problemática concreta: la forma violenta que las autoridades tienen para solicitarles las cosas, violando su derecho a la movilidad humana desde el uso de conceptualizaciones y protocolos racistas, hasta de fuerza física.
En la CDMX los esfuerzos se han reducido a censar el hecho, pero no se han ofrecido condiciones suficientes para darle cauce. La dimensión de la problemática comienza a ser cuestionada; la amplificación de las causas promete convertirse en una problemática con desbordamiento en otras entidades en breve.
La de la colonia Juárez promete ser una protesta replicada, y radicalizada, en otros lugares de México, de no contar con políticas claras para la regularización y adopción de población en tránsito en el país.
