Desde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), hemos resuelto varias quejas de ciudadanos ante la negativa de información en diferentes ocasiones por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), indicándole entregar documentos sobre los funcionarios sancionados y/o apartados de su puesto por participar, colaborar o apoyar en el tráfico de migrantes, desde el año 2010.
El Instituto Nacional de Migración es un Sujeto Obligado que debe transparentar y entregar información sobre su actuar, pues es muy necesario que se transparenten todos los procesos que involucren a la comunidad migrante.
Recordemos que el pasado 27 de marzo, 39 migrantes fallecieron en un incendio ocurrido en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La situación de los migrantes en México después del fin del Título 42
Ante la conclusión de la emergencia de salud pública el pasado 11 de mayo generada por el covid-19 en Estados Unidos, desde marzo de 2020 al jueves de la semana pasada, Estados Unidos realizó casi 3 millones (2,825,970) de deportaciones bajo esta regulación, y el 60% fue de migrantes mexicanos.
Este cambio en la política migratoria es trascendental y sus impactos afectan a un grupo poblacional en situación de vulnerabilidad, por ello, es necesario que estos procesos se transparenten de inicio a fin.
El Título 42 fue implementado por el gobierno de Donald Trump al inicio de la pandemia, bajo la justificación de que el ingreso de personas extranjeras representaban un riesgo para la salud pública.
Aunque las deportaciones se realizaron de manera exprés, las solicitudes de asilo podían seguir su curso.
Por ello, México se convirtió en el país donde miles de migrantes de distintas nacionalidades (principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras) esperan respuesta oficial para poder ingresar a Estados Unidos.
Actualmente, las autoridades esperan la llegada de 10 mil personas por día para cruzar la frontera, en un escenario que agudiza la crisis migratoria que atraviesa la región desde varias décadas atrás, lo que ha implicado un reforzamiento de la seguridad en la frontera por parte del gobierno americano y del mexicano.
De acuerdo con la ONG Human Rights First, desde enero de 2021 a la fecha se han identificado casi 10 mil casos de secuestro, tortura u otras violaciones a derechos humanos de las personas migrantes expulsadas.
“Somos un país migrante”
Somos un país migrante y la migración está enmarcada en los grupos de vulnerabilidad por todas las circunstancias que viven; estas personas se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen por la falta de oportunidades de desarrollo, por la violencia a la que se enfrentan en sus ciudades y también orillados por desastres naturales.
Las condiciones en las que deben desplazarse son precarias y, con frecuencia, se enfrentan a asaltos, violencia psicológica, física y verbal, explotación y abuso sexual y la xenofobia de las poblaciones a las que llegan.
En el INAI seguiremos impulsando la difusión del derecho a saber de la comunidad migrante, así como la protección de sus datos personales, a través de pláticas en diferentes programas con los que contamos en la Dirección de Promoción y Vinculación.
Además, cada recurso ante negativa o vulneración de datos personales que ingresen los ciudadanos, será resuelto por mi Ponencia con todos los criterios y legalidad en defensa de los derechos humanos de estos grupos vulnerables, que lo único que buscan es un mejor futuro ante las situaciones de pobreza en sus lugares de origen.
