Durante la tarde de este miércoles, el gobernador Ron DeSantis ratificó la ley SB 1718, medida que castiga la migración irregular en Florida de diferentes formas.
Tan como se esperaba, DeSantis tardó una semana en hacer oficial esta medida que pone en serios problemas a la comunidad migrante; incluso el gobernador se refiere a esta como “la legislación contra la inmigración ilegal más fuerte del país”.
Se espera que esta ley entre en vigor el 1 de junio de este año.
Algunos activistas consideran que esta ley es más estricta que la SB-1070 aprobada en Arizona en 2010.
¿Cómo afecta a los migrantes la nueva ley de Florida?
La nueva ley establece que E-Verify sea obligatorio para que cualquier empleador con 25 o más empleados. Lo cual quiere decir que si no tienen un estatus migratorio válido no podrán trabajar.
Además, esta norma impone sanciones a los patrones que empleen a extranjeros indocumentados y mejora las sanciones por contrabando de personas.
A partir del 1 de junio, se considerará como delito grave de tercer grado que los indocumentados utilicen documentos de identificación falsos para obtener un empleo.
Por otro lado, esta ley también prohíbe a los gobiernos locales emitir tarjetas de identificación (ID) a los indocumentados. Si alguna tarjeta ya fue emitida en otro estado esta norma las invalida.
Y se prohíbe que los condados o municipios proporcione fondos a personas u organizaciones para emitir identificaciones u otros documentos para indocumentados.
En cuanto a la atención médica, la SB 1718 exige a los hospitales recopilar y enviar datos sobre los costos de brindar atención médica a indocumentados.
Si un hospital acepta Medicaid, deberá incluir una pregunta en sus formularios de admisión o registro para saber si es ciudadano o residente.
Nueva ley es para combatir políticas de Biden
En tanto, DeSantis dijo que esta ley “otorga a Florida las leyes contra la inmigración ilegal más ambiciosas del país”.
Además, dijo que servirá para luchar contra las políticas imprudentes del gobierno federal y asegurará que los contribuyentes de Florida no paguen la factura de la migración irregular.
