Aumentan arrestos de migrantes en Florida gracias a la cooperación de agencias locales y estatales

Se dispararon los arrestos de migrantes en Florida durante el último año, lo anterior fue posible principalmente por la colaboración activa de corporaciones policiacas locales y dependencias estatales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó la agencia de noticias AP.

De acuerdo con el medio, los que inició como operativos rutinarios contra personas con faltas administrativas menores o paradas de tráfico de rutina concluyen con la entrega de los ciudadanos a las autoridades federales para enfrentar procesos de expulsión.

A diferencia de las llamadas “ciudades santuario“, donde los gobiernos demócratas restringen la cooperación con las agencias de control migratorio, en Florida un total de 347 agencias estatales y municipales se han integrado formalmente a las directrices federales de deportación.

Todo lo que debes saber de los arrestos de migrantes en Florida

De acuerdo con un análisis realizado por la agencia The Associated Press sobre los datos provistos al Proyecto de Datos de Deportaciones de la Universidad de California en Berkeley, los arrestos migratorios en la entidad se triplicaron:

Entre el 20 de enero de 2025 y el 11 de marzo de 2026, se contabilizaron casi 39 mil migrantes arrestados en Florida. Durante un lapso equivalente de 416 días correspondientes a la administración de Joe Biden, la cifra se situó en 11 mil 88 detenciones.

El estado promedia actualmente 93 arrestos al día, una cifra superada únicamente por el estado fronterizo de Texas, que registra un promedio de 239 detenciones diarias.

El gobernador republicano Ron DeSantis ha promovido la adopción masiva de los convenios 287(g). Esta normativa otorga facultades de control migratorio a agentes locales de departamentos de policía, la Guardia Nacional de Florida y la Patrulla de Caminos, así como a dependencias poco habituales en estas tareas, entre las que se encuentran la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre del Estado y la Lotería de Florida.

Denuncias por arrestos bajo “motivos de pretexto”

Abogados de inmigración en la zona de Jacksonville señalan que diversas corporaciones locales emplean justificaciones menores, como fallas en las luces traseras de los vehículos o vidrios con polarizado excesivo, para detener a conductores y, posteriormente, verificar su estatus migratorio con el fin de ponerlos bajo la custodia de ICE.

Testimonios recabados bajo condición de anonimato detallan la aplicación de estas medidas en la vía pública. En un parque de Bonita Springs, un agente del Servicio de Pesca y Vida Silvestre arrestó a un ciudadano guatemalteco bajo el argumento de que su perro lo había mordido, una versión que la familia rechaza. Tras una espera de 40 minutos en el lugar, agentes de ICE acudieron por el detenido. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó posteriormente que el individuo contaba con dos órdenes finales de deportación previa.

En otro incidente ocurrido en Fort Myers, agentes de la policía del condado Lee detuvieron a un hombre de 44 años y a su hijo de 21 en el estacionamiento de una tienda, bajo el argumento de que la placa del vehículo estaba vencida, a pesar de que las etiquetas oficiales marcaban vigencia formal. Ambos ciudadanos de origen guatemalteco fueron deportados una semana después. El hijo contaba con un permiso de trabajo, licencia de conducir vigente y un caso de asilo en proceso, aunque el padre había faltado a una audiencia judicial previa en Miami por falta de recursos económicos para el traslado. El DHS argumentó que ambos ingresaron de manera indocumentada en 2017 y presentaban órdenes de expulsión desde 2019.

La fiscalización pública de estos operativos enfrenta restricciones por parte de las agencias de seguridad de Florida. Tanto la policía del condado Lee como la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre rechazaron entregar las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes y los reportes de arresto correspondientes, argumentando que las directivas de ICE prohíben la divulgación de datos relacionados con los convenios 287(g). El DHS declinó la entrega de la información bajo el argumento de salvaguardar “inteligencia delicada para las fuerzas del orden”.

Esta política de confidencialidad impuesta por el gobierno federal contrasta con la Ley Sunshine de Florida de 1967, la cual establece el principio de máxima publicidad para los registros públicos. Sin embargo, la Legislatura estatal ha incorporado diversas excepciones a dicha norma en sus periodos de sesiones recientes.

Expansión nacional e incentivos económicos

La implementación de estas medidas coercitivas se refleja también en la apertura de nuevos centros de reclusión temporal en el estado, tales como el denominado “Alligator Alcatraz” y el “Deportation Depot“. La tendencia de cooperación policial no se limita a Florida: la cantidad de convenios 287(g) vigentes en el país se incrementó de 135 acuerdos distribuidos en 20 estados a más de mil 700 convenios operantes en 41 estados y territorios.

Para incentivar la participación de los municipios, el DHS habilitó un esquema de financiamiento que contempla el reembolso de los salarios de los agentes adscritos al programa, así como partidas presupuestarias de hasta 7 mil 500 dólares para equipamiento individual y fondos de hasta 100 mil dólares destinados a la adquisición de vehículos nuevos para las agencias policiacas locales.