El pasado 8 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un comunicado en el que anunció el fin del Protocolo “Quédate en México”, también conocido como Migrant Protection Protocols (MPP), luego de 8 meses de haberse reestablecido y de haber devuelto a México a esperar sus procesos a más de 5 mil personas solicitantes de asilo estadounidense.
Contrario a la Constitución mexicana, a los compromisos asumidos internacionalmente, al debido proceso y a la seguridad de las personas, la administración de López Obrador avaló el MPP al aceptar su participación desde el 20 de diciembre de 2018.
En enero de 2019 se puso en marcha, y hasta diciembre de 2020 se regresaron a más de 72 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar sus procesos ante las cortes estadounidenses del lado mexicano, 40% mujeres y 33% niñez.
En enero de 2021, Biden firmó una orden ejecutiva para poner fin a esa política al reconocer que es inhumana y violatoria de derechos, cerrándolo formalmente en junio de 2021. En agosto de ese año, la Corte Suprema de ese país ordenó el restablecimiento de “Quédate en México” y vuelve a ponerse en función el 6 de diciembre de 2021.
En México, la administración de López Obrador tuvo la oportunidad de negarse a seguir colaborando en esa política por ser contraria a nuestra Constitución, no obstante, la complicidad continuó. Incluso, en agosto de 2021, durante el fallo de la Corte estadounidense, señaló que, si México no participaba en la reinstalación de MPP, este no podría llevarse a cabo, pues la colaboración del gobierno mexicano era fundamental. La Secretaría de Relaciones Exteriores aceptó participar aun con evidencia de la violencia que eso significaba para la población con necesidades de protección internacional.
Primeros años del “Quédate en México”
La vigencia de MPP significó, para la población con necesidades de protección, ser regresada a un país donde su vida corre peligro, donde no se sienten segura, y no contar con representación legal que les permitiera pelear mejor sus casos. Durante los dos primeros años que “Quédate en México” estuvo activo, 95% de las más de 72 mil personas puestas en ese protocolo no pudieron acceder a una abogada o abogado, lo que significó que solo el 1% pudiera ganar sus casos, mientras que, a partir de su reinstalación, solo el 0.53% de todos los casos abiertos ha podido acceder al asilo en Estados Unidos.
Organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos documentaron cómo “Quédate en México” no solo era contrario a las legislaciones nacionales e internacionales, sino que permitió que las y los solicitantes de asilo fueran objeto de violaciones, secuestros, extorsiones y diversos actos violentos —incluso la muerte—, a manos del crimen organizado, autoridades migratorias mexicanas y policías de diferentes niveles de México. Además de obligar a la población a vivir en campamentos improvisados, algunos por más de 2 años, y con impactos incuantificables en su salud mental y emocional.
Como IMUMI, desde 2019 tenemos un amparo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la participación del gobierno mexicano en políticas como “Quédate en México”, que violan el debido proceso y el principio de no devolución, y en diciembre de 2020 interpusimos una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para la investigación de los más de mil 300 eventos violentos en México contra la población puesta bajo MPP. A la fecha, no hay indicios de investigación por parte de la FGR, mientras que la SCJN estaría revisando en los próximos días el amparo.
Aunque aún no se cuenta con mucha información sobre lo que sucederá con las personas puestas bajo MPP, desde la sociedad civil esperamos que esta vez no haya un revés a esta acción por parte de los tribunales estadounidenses o las administraciones de México y Estados Unidos.
Los gobiernos no pueden seguir jugando con las necesidades de protección de las personas, en específico de las mujeres y la niñez. Escapar de la violencia no puede costar la vida a las mujeres y a la niñez o revictimizarlas al colocarlas en contextos de riesgo por una política que viola sus derechos fundamentales, las legislaciones nacionales y los compromisos internacionales de los países. Al tiempo que llamamos al gobierno de López Obrador a dejar de colaborar en políticas migratorias contrarias a nuestra Constitución, que ponen en peligro la vida y salud emocional de las personas con necesidades de protección internacional.
