La promesa perdida de Biden…

Desde el inicio de la administración de Joe Biden se han expulsado a un millón 100 mil personas que buscaban protección a través del asilo
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Las políticas migratorias relacionadas con el acceso a la protección para las personas solicitantes de asilo llegando a la frontera entre México y Estados Unidos están siendo litigadas dentro de los juzgados federales impidiendo que la administración Biden pueda avanzar con los cambios que había prometido en sus primeros meses de gestión.

El pasado 4 de marzo, una Corte de Texas anuló la excepción promovida por el gobierno estadounidense de no expulsar a niñez y adolescencia no acompañada bajo la política Título 42, mientras, el mismo día, una Corte de Washington, D.C. determinó que el gobierno no puede expulsar a familias bajo la misma política. Las dos decisiones demuestran la polarización del tema hasta en las cortes, un juez en un estado republicano restringiendo los derechos de la población migrante y otro en la capital, protegiéndolos.

Los juicios están relacionados con el Titulo 42, la política que implementó la administración de Donald Trump el 20 de marzo de 2020, con el pretexto de salud pública por la pandemia por Covid-19, que significa expulsión inmediata a personas que ingresan a territorio estadounidense por la frontera con México sin documentación migratoria.

Con esta política EE.UU. cerró a las personas cualquier posibilidad de solicitar asilo en sus puertos de entrada. México jugó un papel importante para su implementación, aceptando a todos sus connacionales, así como a personas de Guatemala, Honduras y El Salvador. Durante la campaña del presidente Biden, este se comprometió a instaurar una política de asilo más humana a través de, entre otras cosas, eliminar Título 42.

No obstante, la ha mantenido y ratificado, con algunas excepciones, como la no aplicación para niñez no acompañada que Biden terminó en 2021, y ahora con la decisión de la corte, tendría que iniciar nuevamente.

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La decisión del juez de Washington, D.C. representa una oportunidad para garantizar el derecho al asilo de todas las personas, ya que su resolución señala que el gobierno no puede respaldarse en una orden de salud pública para expulsar a las personas a países donde su vida corre peligro. Esto podría (debe) traducirse en que no las expulsará a sus países de origen, pero tampoco a territorio mexicano. De acuerdo con la organización Human Rights First, desde el 21 de enero de 2021 al 12 de enero de 2022, se han documentado más de 8 mil eventos violentos contra la población expulsada a México bajo Título 42, país en el que las investigaciones penales no son frecuentes y menos sentencias con reparación de daño.

Las y los expertos estadounidenses en salud han declarado en múltiples ocasiones que esta medida no beneficia ni empeora en nada la situación que atraviesa el país (el continente) frente a la pandemia, por el contrario, significa violaciones a la legislación nacional en materia de asilo y condena a las personas que buscan protección internacional a ser regresadas a contextos donde su vida corre peligro.

De lado mexicano no solo se aceptó participar en esas expulsiones, en contra de nuestra legislación nacional y compromisos internacionales, también se ha sido cómplice de expulsiones en cadena de familias con necesidades de protección. A finales de agosto de 2021 fuimos testigos de vuelos directos de Estados Unidos a los aeropuertos de Villahermosa, Tabasco y Tapachula, Chiapas con personas expulsada que eran esperadas por agentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional para ser trasladadas vía terrestre a la frontera con Guatemala –la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y algunas organizaciones documentaron como estas deportaciones se llevaban a cabo en medio de la madrugada y por lugares no establecidos.

Desde el inicio de la administración de Joe Biden se han expulsado a un millón 100 mil personas, entre ellas las 187 mil madres y padres con hijas e hijos, a quienes se les negó́ la oportunidad de solicitar asilo, incluidos vuelos directos a Haití -se estima que alrededor de 16 mil personas haitianas han sido expulsadas a su país pese a las condiciones sociopolíticas de inestabilidad que imperan-.

A 13 meses de la administración Biden sus promesas de campaña relacionadas con la protección en la frontera se han quedado cortas. Sin embargo, con las mejoras recientes de la Covid-19, es cada vez más evidente la hipocresía de seguir justificando la aplicación de una medida de contención disfrazada como un tema de salud pública. Al principio de abril se volverá a revisar la medida y todo indica que se va a levantar en los próximos meses. El gobierno mexicano, como ha sido el patrón en esta administración, se queda callado, pero se espera una ampliación del programa “Quédate en México” como parte del ajuste después de Título 42.