En los últimos días las noticias han mostrado que en varios estados y ciudades de EU empiezan a eliminar el requisito del uso de cubrebocas. En Nueva York los negocios ya no piden comprobantes de vacunación; y en muchas escuelas están retirando la solicitud de cubrebocas; en respuesta a la disminución de casos y hospitalizaciones de personas con COVID-19 de la variante ómicron.
¿Qué tiene que ver la aparente disminución de ómicron con el acceso al asilo en la frontera estadounidense?
De acuerdo con la ciencia, el Centro de Control de Enfermedades y expertos en políticas públicas de salud; nada, pero para el presidente Biden representa el debilitamiento de su argumento para seguir implementando las expulsiones bajo Título 42; una ley de salud pública que expulsa de Estados Unidos a México a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional del continente; incluida la población haitiana, bajo el argumento de salud pública por la pandemia; una medida hipócrita frente a las millones de personas viajando internacionalmente por avión sin las mismas restricciones. Título 42 fue implementada por la administración de Donald Trump en marzo de 2020, y criticada por Biden durante su campaña electoral. Cuando Biden inició su administración, enero de 2021, prometió eliminar esa política, reconociendo que Trump la implementó como mecanismo de contención migratoria por tierra. Sin embargo, la media continúa y en meses pasados extendió su alcance.
Argumentar “salud pública” es la manipulación política del tema que han hecho los políticos republicanos, quienes utilizan las imágenes de personas llegando a la frontera sur estadounidense para presentar una narrativa de descontrol y amenazas de seguridad nacional. Dentro de la administración de Biden ha sido un tema de discusión álgido, con las opiniones conservadoras ganando hasta el momento. En 2021, fueron más de un millón de expulsiones a México por tierra y aire -vuelos a los aeropuertos de Tapachula y Villahermosa; frontera sur mexicana donde el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional les esperaban para llevarlas en carretera y expulsarlas a la frontera con Guatemala; en un acto ilegal que viola los marcos legales mexicano y estadounidenses, y el principio del derecho internacional de no devolución (no regresar a personas con necesidades de protección a países que no las puede proteger).
Al mismo tiempo, la administración de Biden ha tenido que volver a instalar el Protocolo “Quédate en México” (Remain in Mexico o Migration Protection Protocols o MPP) debido a una orden judicial en el estado de Texas. Este programa permite al gobierno estadounidense regresar a México a las personas solicitantes de asilo, en su frontera sur, para esperar sus procedimientos del lado mexicano. La nueva versión de MPP -vigente la primera vez de enero de 2019 a enero de 2021- incluye algunas reglas que protegen más a grupos vulnerables y personas que han sido víctimas de agresiones en México.
Los números del MPP en la frontera estadounidense
El Departamento de Seguridad Nacional publicó los primeros resultados de MPP a mediados de febrero 2022. Entre el 06 de diciembre de 2021 y el 31 de enero 2022; fueron regresadas 673 personas, de las cuales 188 desistieron del registro debido al miedo que expresaron de quedarse en México. La mayoría de las personas registradas y retornadas son hombres solteros. En ese periodo de tiempo solo se ha regresado a dos mujeres y ninguna familia. Las personas registradas han sido de Nicaragua (400), Venezuela (153), Cuba (66), Colombia (27), Ecuador (17), Perú (8); y una persona de Costa Rica y República Dominicana. Se puede interpretar que Estados Unidos se esta enfocando en las nacionalidades de los países con los cuales tiene diferencias políticas; que tienen altos índices de violaciones a derechos y que las condiciones para llevar a cabo las expulsiones bajo Título 42 son difíciles (Nicaragua, Venezuela y Cuba).
OPINIÓN | Separación familiar en la era de Biden
Las organizaciones de la sociedad civil de ambos lados de la frontera estadounidense están vigilando temas de violencia, acceso a representación legal y a vivienda, para los nuevos ingresos al protocolo. Así mismo, siguen los litigios en contra de la legalidad de MPP tanto en Estados Unidos como en México; donde organizaciones presentaron nuevas demandas legales en diciembre pasado.
Políticas de contención en la frontera
Mientras, la política de mayor contención sigue siendo las expulsiones bajo del Título 42. Por ejemplo, aún si las personas de Guatemala, Honduras y El Salvador podrían entrar a la nueva versión de MPP; el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos prefiere negarles su derecho a solicitar asilo y expulsarlas directamente a México o en aviones a sus países de origen.
Título 42 y MPP son dos políticas de contención que se puede presenciar en la frontera estadounidense, pero no terminan ahí. Las políticas de contención se extienden a la frontera sur mexicana donde miles de personas siguen sin acceso al asilo o estancias por razones humanitarias; –esencialmente atrapadas en Tapachula y otras entidades de Chiapas y Tabasco.
El gobierno mexicano se ha comprometido a seguir con la contención y disuasión migratoria a pesar de que las acciones violan la Constitución; la Ley de Migración, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; llegando a un número sin precedentes de eventos de detención en 2021 (307 mil 679). Hay decenas de litigios pendientes desde 2020 contra la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Guardia Nacional; y hasta el Inmujeres, relacionadas con estas acciones, pero hasta ahora el poder judicial ha dado largas a los casos, a pesar de la urgencia y la gravedad de las violaciones.
En este contexto, y a unas semanas de iniciado el 2022 hemos empezado a ver negociaciones y acuerdos bilaterales en un contexto regional entre el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo; el requisito de visas para ciudadanas y ciudadanos de Venezuela, Brasil y Ecuador para entrar a México; y posiblemente con los gobiernos de Colombia, Panamá, Chile, Brasil, Costa Rica y Argentina para extender su frontera hacia un control hemisférico. 2022 es un año clave de monitoreo para los grupos que se preocupan por la protección de las personas huyendo de la violencia en la región.
