De los miles de traficantes de personas que son detenidos en México, apenas el 30 % termina en la cárcel y con una sentencia condenatoria por un delito de lesa humanidad; el resto continúan sus operaciones ilícitas respaldados por la corrupción y complicidad con instituciones policiales y migratorias.
Así lo reveló el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Alfredo Higuera Bernal, durante el Encuentro Regional sobre Tráfico de Personas, organizado por la Embajada de Estados Unidos en México, en el que participaron los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Detalló que, de diciembre de 2018 a la fecha, la FEMDO inició cuatro mil 138 carpetas de investigación por tráfico de personas, y de ellas ha logrado judicializar mil 225, que representan el 30 por ciento de la cifra global.
Aunque el porcentaje es reducido, el funcionario arguyó que la fiscalía a su cargo, además de capturar a mandos delincuenciales, también consiguió el mayor aseguramiento de dinero que se le ha retirado a las bandas de tráfico de personas, equivalente a 55 millones de pesos, de ellos, 11 fueron en efectivo y al menos otros 11 millones en cuentas de inversión y bienes inmuebles.
“Punto importante es el riesgo en el que se ven inmersos los migrantes que recorren enormes trayectos en busca de un destino y una vida mejor, como también los peligros a la seguridad nacional de los países que, como México y Estados Unidos, quedan colocados territorialmente en su condición de tránsito y destino, en el centro de este fenómeno”, expresó.
La corrupción y complicidad entre los traficantes de personas y corporaciones policiales es uno de los principales factores que mantiene a salvo a los también denominados polleros o coyotes de ser sancionados por el delito de tráfico de personas, según lo documentó Telemundo con testimonios de traficantes.
“Aquí todos se arreglan, Guardia Nacional, Policía Estatal, depende del mando y de cómo te toque, sí se arreglan con unos trecientos o quinientos dólares”, dijo un coyote a Telemundo.
Según la legislación mexicana, quien comete el delito de tráfico de personas debería ser sancionado con hasta 15 años de prisión más multas para la reparación del daño de las víctimas; sin embargo, apenas el 30 por ciento de los casos son juzgados ante un juez.
