California no podrá prohibir cárceles del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) operadas por la empresa de cárceles privadas GEO.
Se ganó la batalla contra la ley AB 32 de California, la cual prohíbe la construcción de prisiones privadas y centros de detención. Además, exige que las instalaciones existentes se cierren para 2028 en el estado.
Al eliminar poco a poco los centros de detención de inmigrantes de gestión privada, la ley “intenta regular un área –la detención de inmigrantes- que pertenece exclusivamente al ámbito del gobierno federal”. Así lo escribió la mayoría del panel.
“California no está simplemente ejerciendo sus poderes judiciales tradicionales sino más bien obstaculizando la política federal de inmigración”, escribió el juez Kenneth K. Lee, nombrado por el gobierno de Donald Trump.
Cabe destacar que la ley AB 32 impide al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDRC) firme o renueve un contrato con una compañía penitenciaria privada después del 1 de enero de 2020. Y evitará que el estado mantenga a los reclusos en centros penitenciarios con fines de lucro a partir de 2028.
Además, la disposición también afecta a los centros de detención de inmigración administrados por empresas privadas. Las dos principales compañías de seguridad privadas del país, GEO Group y CoreCivic fueron las firmas más afectadas con la medida.
Demanda sobre cárceles de ICE operadas por empresas privadas
En diciembre de 2019, antes de que entrara en vigor la AB 32, GEO demandó la medida alegando que el propósito de la ley estatal era:
“Socavar y eliminar la aplicación aprobada y financiada por el Congreso de las leyes penales y de inmigración federales”.
Por lo que pidió al tribunal prohibir al estado hacer cumplir el estatuto. Según la demanda, la ley AB 32 afecta a 10 cárceles y centros de detención de inmigrantes administrados de manera privada en California.
Con casi 11 mil camas en total, la mayoría de la capacidad de detención federal en el estado. GEO administra siete de esas instalaciones.
California ha argumentado que tiene el derecho legal de salvaguardar la salud y seguridad de los detenidos en el estado. Sin embargo, el Noveno Circuito dijo que la ley discrimina al gobierno federal, ya que ICE solamente tiene centros de detención de gestión privada en California.
Con información de EFE.
