El presidente Joe Biden presentó una orden ejecutiva este martes para que el Departamento de Justicia (DOJ) ponga fin al uso de prisiones privadas y evitar que las corporaciones se beneficien del encarcelamiento que es menos humano y menos seguro, sin embargo, dejó de lado a los migrantes.
A través de un comunicado, la Casa Blanca dijo que ordenó al fiscal general dejar de renovar los contratos con los operadores de prisiones privadas.
Aunque la medida perjudicaría principalmente a las dos mayores operadores de prisiones privadas del país, GEO Group y CoreCivic, la orden de Biden no beneficia a los migrantes.
Los contratos de las prisiones privadas que trabajan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) seguirán activos.
Esto es porque las cárceles de ICE dependen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la orden ejecutiva sólo aplica para el Departamento de Justicia.
Según la Oficina de Estadísticas de Justicia, a fines de 2019, había alrededor de 116 mil prisioneros recluidos en instalaciones privadas. Esto que representaba aproximadamente el 7% de todos los prisioneros estatales y el 16% de todos los prisioneros federales.
Tras darse a conocer la noticia, GEO Group dijo que ha alojado casi exclusivamente a extranjeros criminales no ciudadanos condenados por delitos federales.
La organización agregó que detener a estas personas ha permitido a las instalaciones administradas por el gobierno atender a ciudadanos y evitar problemas significativos de hacinamiento.
