Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo de Michoacán, propuso una reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública de Michoacán, donde se conserve la Secretaría del Migrante.
Sin embargo, el gobernador de Michoacán aseguró que la Secretaría del Migrante (Semigrante) debe trabajar con una perspectiva integral. En otras palabras, que también se ocupe de las personas que llegan a Michoacán desde otros países, tales como trabajadores agrícolas.
De igual forma, agregó que la dependencia debe ver a la migración como un proceso de intercambio de capacidades y conocimientos. Por lo que desde este ángulo se pueden generalizar alternativas de capacitación y profesionalización.
El gobernador presentó al Congreso del Estado un documento en el que se solicita mantener la Secretaría del Migrante. Se considera dentro de la nueva Ley de Administración Pública.
Dicha determinación se dio luego de un análisis estructural de los roles que juegan las personas migrantes en Michoacán. También se tomó en cuenta las voces de los paisanos que piden que exista un lugar para atender sus propuestas y escuchar sus inquietudes.
Algunos diputados de oponen a la Secretaría del Migrante
Dicha iniciativa despertó inconformidades durante la sesión extraordinaria que el Congreso de Michoacán celebró este viernes. Esto después de la parálisis de la 74 Legislatura, a consecuencia de las diferencias entre los diputados que la componen.
Cuando inició la sesión, Oscar Escobar Ledesma, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) se pronunció en contra de que se leyera el dictamen de decreto. En este se pretende cambiar la Ley Orgánica de la Administración Pública de Michoacán, a sugerencia del gobernador.
“No es posible que se prioricen temas de un excompañero de esta legislatura que ni siquiera tiene garantizado su arribo al Ejecutivo estatal”, afirmó el diputado panista.
Asimismo, Escobar Ledesma aseguró que los diputados aliados del gobierno electo pretenden “imponer iniciativas en lo oscurito”. Puesto que afirmó que la lectura del dictamen no se había consensuado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado.
