El gobierno de Estados Unidos continúa las discusiones legales para determinar si “Quédate en México” se reactivará o no. Por su parte, el gobierno mexicano declaró que no ha recibido notificaciones aún sobre este asunto. Sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad civil ya se pronunciaron pidiendo que México no acepte la reinstalación del programa en caso de que la Suprema Corte de USA falle a favor de hacerlo.
Dichas organizaciones realizaron esta petición a través de una carta dirigida al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El documento incluye tanto al presidente como al canciller Marcelo Ebrard y a la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero.
En su carta, las organizaciones recordaron que la reinstalación del Programa de Protección a Migrantes (MPP, mejor conocido como “Quédate en México”) necesita de la cooperación del gobierno mexicano. Por lo tanto, piden al gobierno que no ceda frente a esta acción en caso de que la reactivación se apruebe.
La carta también recuerda que el mismo Joe Biden ha declarado que la colaboración de México fue esencial para que Trump activara el MPP. Por lo tanto, el programa no podría reactivarse si México no colabora.
“Como una nación soberana, México tiene el derecho a rechazar el restablecimiento de MPP o cualquier repetición futura de esta política que tiene como objetivo externalizar la frontera de Estados Unidos hacia el territorio mexicano”, dice el documento.
En total, 74 organizaciones firmaron esta petición. Entre ellas se encuentran Alianza Américas, Casa del Migrante en Tijuana AC, el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), Human Rights First, National Immigration Law Center, Red Jesuita de Migrantes de Guatemala, Amnistía Internacional y Global Exchange.
El MPP: una ola de violaciones a los derechos humanos
De acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, “Quédate en México” causó daños extremos a más de 72 mil migrantes que buscaban obtener asilo en Estados Unidos.
Entre estos daños se encuentran secuestros, violaciones y otro tipo de crímenes contra quienes tuvieron que regresar a México mientras se procesaban sus solicitudes de asilo. Además, las personas enviadas a México tuvieron que permanecer en albergues sin las condiciones adecuadas para recibirlos.
Las mismas organizaciones civiles documentaron estos abusos. También están al tanto de que las instituciones mexicanas siguen discutiendo sobre la legalidad del MPP. Esto, precisamente por las violaciones a los derechos humanos que ha provocado.
“Es imposible volver a implementar MPP de una manera que se respeten los derechos humanos y el debido proceso, y México tiene la responsabilidad de bloquearla”, afirman las organizaciones.
Es por eso que insisten en que el gobierno de México asuma la responsabilidad de no permitir la reinstalación del programa. Por el contrario, piden que el país siga colaborando en el procesamiento de quienes inscribieron sus solicitudes de asilo cuando el MPP seguía vigente.
Por último, las organizaciones también piden que el gobierno mexicano apoye a quienes desean pedir asilo en territorio nacional. De igual forma, invitan a las instituciones a abordar el tema de las solicitudes de asilo en los puertos de entrada de USA.
Para ello, agregan, es necesario que siga existiendo una cooperación bilateral con Estados Unidos. De esta forma se podrán aumentar las opciones para quienes salen de sus países en busca de protección. También se pondrá fin a políticas que “impiden el acceso de asilo en Estados Unidos”.
