En una acción sin precedentes, el Gobierno de México anunció una demanda en contra de algunas de las principales compañías productoras de armas en los Estados Unidos, por los daños cometidos al Gobierno y a víctimas de violencia armada en México, producto de la negligencia y falta de control sobre la distribución de estos artefactos mortales.
Esta acción contundente (que ha sido una larga demanda de Stop US Arms, un proyecto de investigación y defensa de derechos humanos especializado en el flujo de armas a México) hoy merece reconocimiento. En el año 2012, varias organizaciones y más de 50 víctimas de la “Guerra contra el Narcotráfico” del entonces Presidente Felipe Calderón recorrieron los Estados Unidos demandando acciones para detener a los productores de las armas responsables de la tragedia y a los bancos que lavan el dinero producto del narcotráfico.
Producto de estas armas, millones de personas han perdido la vida a manos de organizaciones y criminales armados con equipo producido en los Estados Unidos. De acuerdo con un estudio de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Ecuménicos y Global Exchange, más del 70% de las armas recuperadas desde 2010 a la fecha en México, fueron producidas en los Estados Unidos
De acuerdo con el estudio:
- La empresa Colt produjo 8 mil 535 armas de fuego que fueron recuperadas por el Ejército Mexicano desde 2010
- SMITH & Wesson produjo 3 mil 881 armas de fuego que fueron recuperadas en el mismo periodo,
- Al igual que 338 rifles Barrett recuperados en el mismo periodo
El tráfico ilegal de armas no es todo el problema
Pero, el tráfico ilegal es sólo una dimensión del problema. Mientras el Gobierno de México establece esta acción legal a favor de la paz, al mismo tiempo está a punto de concretar la compra de 5.5 millones de dólares en armamento a Sig Sauer, la compañía estadounidense-alemana que produjo y vendió las armas que usaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Gobierno del Estado de Tamaulipas en la masacre de 19 migrantes en Camargo, Tamaulipas.
El Ejército mexicano es una de las pocas instituciones en el mundo que tiene control absoluto y monopólico sobre la:
- Producción
- Importación
- Comercialización de armas
Hace dos días, la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos y Global Exchange publicaron un informe y una plataforma interactiva que documenta y mapea más de 16 mil armas extraviadas por policías y ejército mexicanos de 2006 a 2019.
El poder sobre las armas de fuego concentrado en el Ejército mexicano conlleva a una falta de transparencia. Esto obstaculiza cualquier intento de fortalecer la lucha contra el comercio y el tráfico ilícito de armas.
Finalmente, tal como lo ha documentado el propio Gobierno Federal y la organización Intersecta A.C, el número de armas en manos de particulares creció a niveles históricos. El uso de armas de fuego en homicidios contra mujeres se duplicó, además, aumentó el homicidio por arma de fuego contra mujeres en viviendas privadas. Esto es un problema no sólo de comercio, sino de género y salud pública.
Debe haber un cambio en los paradigmas
Demandar y obligar a las empresas de armas a responder al daño causado a millones de personas es un motivo de celebración. Además, es un reconocimiento de un problema que requiere mucho más que la acción legal en contra de empresas. Requiere transparencia del gobierno y acciones de prevención de violencia.
PostData que informa que mientras Joe Biden le da la espalda a su promesa de aliviar el sufrimiento migrante y anuncia la permanencia del acuerdo “Quédate en México” y apresura las deportaciones de familias, las organizaciones y consejos de migrantes de los pueblos que viven en Nueva York, lo invitan a solidarizarse sumándose a los eventos en línea de la Primera Semana de los Pueblos Originarios Viviendo en Nueva York, que comenzarán el Lunes de Agosto, e incluyen el Primer Ciclo de Cine Indígena.
