El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), también conocido como la migra, tiene una nueva guía de deportaciones. Esto como consecuencia de la nueva orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre prioridades de deportación.
Asimismo, la Discreción Fiscal (DP) es la autoridad que se le da a los abogados de la agencia de ICE antes los tribunales migratorios. Es decir, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR).
De esa forma, los fiscales de la Oficina de Asesoría Jurídica Principal (OPLA) pueden decidir sobre los procedimientos “de exclusión, deportación y remoción” de los migrantes.
Además, la discrecionalidad del fiscal se puede aplicar en varias etapas del proceso de expulsión, según la migra.
“Se aplica a una variedad de determinaciones que incluyen, por ejemplo, aceptar aplazamientos, estipular una fianza, unirse a las mociones de no-ciudadanos ante la corte de inmigración y acordar desestimar los casos”.
Guía de deportaciones y factores que considera ICE
- Tiempo de residencia del no-ciudadano en Estados Unidos.
- El servicio del no-ciudadano o de su familia en el Ejército de Estados Unidos.
- Los lazos familiares o comunitarios del migrante.
- Las circunstancias de la llegada del migrante a Estados Unidos y la manera en que entró.
- El historial migratorio previo del migrante.
- Historial laboral y educativo del extranjero en Estados Unidos.
- Si la persona es o no ha sido víctima, testigo o demandante en procedimientos civiles o penales.
- Factores humanitarios presentes en el caso del no-ciudadano e incluso, por parte de los familiares cercanos del no ciudadano. Incluyen: condición médica grave, la edad, el embarazo, si es un menor o si es el cuidador principal de un familiar enfermo.
- Si la persona cometió un delito. Sin embargo, hay algunas condicionantes:
- Amplitud, seriedad y actualidad de la actividad delictiva.
- Indicios de rehabilitación.
- Circunstancias atenuantes relacionadas con el delito o la condena.
- Tiempo y duración de la sentencia que se impuso (en caso de que existiera).
- El tiempo que transcurrió desde el delito.
- Si la actividad delictiva posterior respalda la determinación que el migrante representa una amenaza para la seguridad pública.
Con información de La Opinión.
