En México, la responsabilidad de proteger y acompañar a las personas migrantes recae principalmente en las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y en los defensores de derechos humanos. Los aproximadamente 100 albergues a lo largo de las rutas migratorias en nuestro país pertenecen a OSC. Estos proporcionan ayuda humanitaria completamente gratuita y generalmente sin ayuda de instituciones gubernamentales.
De igual manera, también hay OSC que no solamente proveen ayuda humanitaria de emergencia, sino que intentan ir más allá del asistencialismo y amplían los servicios proporcionados para incluir asistencia jurídica, atención psicológica y acompañamiento en los procesos migratorios. Asimismo, se encuentran aquellas dedicadas a la incidencia y al monitoreo de la situación migratoria, con el objetivo de influir en las políticas gubernamentales y presionar al Estado para que actúe en defensa de los derechos de las personas migrantes.
A pesar de la importante labor de estas organizaciones, el Estado constantemente las criminaliza. Las personas que laboran en OSC, se enfrentan a:
- La vigilancia constante de actores estatales
- Difamaciones
- Amenazas
- Hostigamiento
- Agresiones físicas
- Deportaciones
- Detenciones
- Arrestos
- Hasta redadas en albergues
De acuerdo con un estudio realizado por Front Line Defenders, Red TDT y la Universidad IBERO[1], los agresores en México cuando se trata de arrestos, detenciones y hostigamiento son principalmente la policía federal y municipal de diversas ciudades; agentes del Instituto Nacional de Migración (INM); el ejército, la Guardia Nacional y hasta los Grupos Beta cuyo objetivo es proteger y defender los derechos humanos de las personas migrantes.
México va tras los defensores de los derechos de los migrantes
Por lo general, el Estado mexicano acusa a los defensores de derechos de los migrantes de tráfico y trata de personas para desalentar sus actividades humanitarias y evidentemente siguiendo intereses políticos no solo de México sino de Estados Unidos —cuyo objetivo es frenar la migración irregular, aunque se trate de aquellos que huyen de situaciones de violencia.
En el 2019, defensoras de los derechos de los migrantes del refugio La 72 fueron detenidas por la policía municipal. Además, se les amenazó con ser arrestadas si seguían proveyendo ayuda humanitaria e informando a las personas sobre sus derechos. De igual manera, agentes del INM y Grupos Beta amenazaron con deportar y procesar judicialmente a asesoras legales de la organización Al Otro Lado. Solamente en el periodo del 2018 al 2019 se realizaron aproximadamente 15 arrestos, detenciones o amenazas de arresto a defensores de los derechos de los migrantes en México.
En ocasiones, las detenciones y arrestos implican violencia física, como fue el caso de Oscar, Josué, Cristóbal Sánchez y Margarita Núñez. Estas personas fueron golpeadas por la policía de la Ciudad de México mientras intentaban documentar agresiones y detenciones arbitrarias a personas migrantes.
Sin embargo, la forma más común de desacreditar la labor de las OSC es a través de la criminalización discursiva o difamación, que se lleva a cabo por los medios de comunicación, autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Gobernación y del INM.
Personas de altos cargos del gobierno mexicano declaran abiertamente que aquellos vinculados con ciertas OSC son traficantes de personas a pesar de no poder ofrecer ninguna prueba al respecto.
Violencia y abusos no se limitan a México
La criminalización a defensores de los derechos de los migrantes no es un hecho exclusivo de México y forma parte de narrativas generalizadas que se replican a nivel global sobre la migración. Estas narrativas contribuyen a percibir a la migración como una amenaza a la seguridad nacional y por lo tanto se normaliza la criminalización tanto de los migrantes como de aquellos que los protegen. La migración es un derecho humano y la razón de ser del Estado es garantizar estos derechos. Lamentablemente, además de que el Estado mexicano no cumple con su tarea de garantizar los derechos humanos, castiga a quienes intentan defenderlos.
