Arizona y 12 estados piden al Supremo intervenir en regla de carga pública

Arizona y 12 estados piden al Supremo intervenir en regla de carga pública
Una coalición de 13 estados se unieron para pedir que se intervenga en la batalla legal de la regla de carga pública de 2019. | Con información de EFE.
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Una coalición de 13 estados, liderados por Arizona, pidió al Tribunal Supremo intervenir en la batalla legal de la regla de carga pública de 2019. Esta se emitió durante la presidencia de Donald Trump y la actual administración de Joe Biden la ha abandonado.

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La propuesta pide al Supremo que se revise todo el caso. El pasado viernes ingresaron la petición. A ella se unieron Alabama, Arkansas, Indiana, Kansas, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas y West Virginia.

“Si no hacemos cumplir esta regla, que ha existido de alguna forma durante más de 100 años, es posible que nuestros programas de asistencia de emergencia ya no estén allí cuando los estadounidenses más los necesiten”, dijo Mark Brnovich, fiscal general de Arizona.

Esta petición tiene lugar después de que Tribunal Supremo rechazara el pasado lunes los intentos de Texas y otros 13 estados para defender la regla de carga pública. Esto luego de que instancias inferiores también rechazaran el intento de rescatar la medida.

La máxima corte de Estados Unidos es conservadora en su mayoría. Liderados por el fiscal de Texas, Ken Paxton, dijo que debían ir a un tribunal inferior para hacer su solicitud.

Meses atrás, el máximo tribunal acordó desestimar una demanda de impugnación pendiente a la regla de carga pública a solicitud del gobierno de Joe Biden.

Opinión de Alejandro Mayorka sobre la regla de carga pública

Por su parte, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, explicó que la regla de carga pública de 2019 “no estaba en consonancia con los valores” de la nación.

Se ponía en riesgo la residencia permanente (Green Card) para los migrantes que hubieran recibido uno o más beneficios sociales. Tales como Medicaid durante más de 12 meses en un periodo de tres años.

Asimismo supuso que miles de migrantes rechazaran solicitar los beneficios públicos por miedo a posibles consecuencias por su estatus legal.

Con información de EFE.