El día de hoy, el gobierno de Joe Biden le notificó a la Suprema Corte que abandonará la defensa legal de la regla de carga pública. Desde finales de febrero, el máximo tribunal estaba discutiendo la legalidad de esta medida.
Donald Trump utilizó la regla de carga pública para negar las visas y Green Cards a los inmigrantes que no pudieran demostrar que podían mantenerse solos o solicitaran ayudas gubernamentales. En 2019, el Departamento de Seguridad Nacional propuso ampliar la definición de “carga pública”. Así, los migrantes que solicitan ayuda no monetaria como Medicaid, asistencia para vivienda o ayuda alimenticia también entraron en esta categoría.
Pero esto no sólo afectó a quienes ya tenían estas ayudas. Si alguien solicitaba una visa o una Green Card y las autoridades determinaban que esta persona podría necesitar ayuda federal durante más de 12 meses por 3 años, entonces también se le negarían los beneficios migratorios.
Por otro lado, Donald Trump agregó otros factores a la regla de carga pública. Entre ellos están la edad, los recursos financieros, el historial de empleo de las personas, la educación y su salud. Cuando lo hizo, Trump argumentó que todos estos factores ayudaban a comprobar que los inmigrantes son capaces de mantenerse por sí solos en Estados Unidos.
El gobierno ya no defenderá la regla de carga pública
Como consecuencia a estas modificaciones, varios gobiernos interpusieron demandas contra la regla de carga pública de Trump. Con ellas, los tribunales estaban divididos entre quienes decían que la nueva regla violaba la ley federal y quienes la defendían. Finalmente, se decidió que la regla de carga pública quedaba bloqueada.
Sin embargo, la administración Trump apeló esta decisión. Así, en febrero, la Suprema Corte accedió a revisar el caso nuevamente. No obstante, el gobierno de Biden decidió que no defenderá la carga pública frente al tribunal supremo. Además, dijo que está de acuerdo con los gobiernos locales que apoyan revertir las medidas de Trump.
Además, en febrero, Joe Biden dijo que tiene intenciones de modificar nuevamente la regla de carga pública. De hecho, firmó una orden ejecutiva que pide que las agencias federales revisen la norma de Trump.
¿Qué es la carga pública?
La carga pública es una norma establecida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) la cual establece que el gobierno puede negar la ciudadanía o residencia permanente a las personas que no pueden ser autosuficientes y terminarán convirtiéndose en una carga para el país.
Aunque la ley existe desde 1952 su uso era prácticamente nulo, fue hasta el gobierno del expresidente Donald Trump que la medida cobró fuerza.
Además de los beneficios públicos en efectivo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tomaba en cuenta otros factores para decidir si una persona era carga pública:
- Sus ingresos
- Edad
- Historia laboral
- Salud
- Habilidades
Sin embargo, la norma no aplica a todos los migrantes, las siguientes personas están exentos de la Carga Pública.
- Refugiados
- Asilados
- Solicitantes de Visa U
- Víctimas de tráfico de humanos
- Víctimas de violencia doméstica
- Solicitantes de renovación de DACA
Con información de Telemundo.
