A fines de enero, cuando el nuevo coronavirus estaba haciendo su primera incursión en los Estados Unidos, la Suprema Corte confirmó la regla de “carga pública” de la administración Trump.
Ésta permite a los funcionarios federales negar las tarjetas verdes a los migrantes que usan programas de redes de seguridad social.
La decisión recibió poca atención de los medios, en parte porque fue eclipsada por la epidemia emergente de coronavirus.
Pero los expertos en salud pública advierten que las dos historias están íntimamente, quizás desastrosamente, relacionadas.
Los brotes de enfermedades infecciosas tienen una larga historia de afectar a los miembros más vulnerables de la sociedad.
Los migrantes que no tienen acceso a un seguro de salud, alimentos nutritivos o viviendas seguras caen directamente en esa categoría.
Expertos alertan sobre el riesgo que corren los migrantes
Los médicos y los defensores de la migración llevan mucho tiempo preocupados de que la regla de la carga pública presente un grave peligro para la salud pública.
La regla podría disuadir a millones a buscar atención médica de cualquier tipo, para no poner en peligro su estatus migratorio.
Ese tipo de evasión haría a esos grupos menos saludables y, por lo tanto, más susceptibles a los caprichos de un brote de enfermedad infecciosa como lo es el coronavirus.
Cuando la administración propuso la nueva regla, los funcionarios de Seguridad Nacional señalaron que podría conducir a peores resultados de salud para los migrantes.
Pero la agencia dijo que las nuevas regulaciones eran esenciales para un objetivo más importante que proteger la salud pública: hacer que los migrantes sean “autosuficientes”.
Las enfermedades infecciosas, especialmente aquellas como Covid-19, tienen una habilidad especial para penetrar y exponer tales pensamientos como falsos.
Ahora los ciudadanos con seguro insuficiente o sin seguro están siendo abrumados con facturas médicas que no pueden pagar cuando buscan pruebas y tratamiento para el coronavirus.
Como era de esperar, los expertos dicen que muchos de ellos están obligados a evitar la atención mientras el brote continúa.
Si las cuarentenas se vuelven rutinarias, decenas de millones de trabajadores con salarios bajos, no podrán abastecerse y quedarse en casa.
La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio podría dejar a 21 millones sin seguro médico
Uno se estremece al pensar qué sucederá si los tribunales desmantelan la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio el próximo año.
Una medida que finalmente podría dejar a más de 21 millones de personas sin seguro médico.
La mejor manera de romper este ciclo de miedo y más contagio es prescindir del pensamiento de suma cero y unir una red de seguridad lo suficientemente grande y fuerte para todos.
El lunes, más de 700 expertos en salud pública establecieron pasos claros para hacer exactamente eso.
Entre otras cosas, pidieron al gobierno federal que se asegure de que la respuesta al brote no excluya, ni penalice a los pobres.
Los médicos y académicos aconsejaron a los funcionarios que no reduzcan los programas existentes de redes de seguridad para pagar el trabajo de combatir los brotes actuales.
También solicitaron que “atención y financiamiento particular” se dirijan a los centros de salud locales en comunidades de escasos recursos.
Que las pruebas de diagnóstico, y cualquier vacuna o tratamiento futuro, estén disponibles sin importar la capacidad de pago de una persona.
Y que las instalaciones de atención médica estén claramente designadas como zonas libres de ICE.
“Ni el estado migratorio ni las preocupaciones sobre las facturas médicas deberían disuadir a las personas de buscar atención en este momento”, dijo Gregg Gonsalves, epidemiólogo y experto en enfermedades infecciosas de la Escuela de Salud Pública de Yale.
Con información de The New York Times.
