La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) propuso dos reglas que disminuirían significativamente el acceso al debido proceso que los extranjeros tienen en los tribunales de migratorios, informó Immigration Impact.
De acuerdo con el medio, estas reglas restringirían la capacidad de los jueces para administrar sus expedientes.
Además, les obligarían a aprobar los casos a velocidades vertiginosas, lo cual empeoraría las cosas para los migrantes con una corte pendiente.
Aunque es poco probable que las propuestas estén finalizadas antes de que inicie el mandato de Joe Biden, la propuesta demuestra el compromiso del gobierno para cambiar el sistema de inmigración.
¿En qué consisten las reglas contra los tribunales migratorios?
La primera regla limitaría severamente la reapertura de casos en las cortes de migración después de que un juez dicte una orden de deportación.
Los migrantes o sus abogados presentan habitualmente mociones para reabrir debido a pruebas que antes no estaban disponibles, cambios en las condiciones del país o falta de notificación adecuada de una audiencia.
Esta oportunidad es crucial para las personas que son elegibles para recibir ayuda pero que fueron deportadas por razones que escapan a su control.
La regla limitaría las razones por las cuales se puede reabrir un caso, requiriendo significativamente más evidencia.
Esto significa que menos personas podrían revocar una orden de deportación, incluso si ahora tuvieran otra forma de permanecer en los Estados Unidos.
El demandado tendría que incluir su solicitud de reparación con la moción. Una vez que su caso sea reabierto, se les prohibirá solicitar cualquier otro tipo de alivio.
La segunda regla pondría fin a la mayoría de los aplazamientos en los tribunales de inmigración.
Los demandados y sus abogados, así como los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), frecuentemente presentan mociones que se demoren las audiencias.
Actualmente, las regulaciones permiten a los jueces otorgar aplazamientos si existe una “buena causa”, pero no proporcionan una definición de “buena causa”.
Durante años, a los jueces se les permitió una discreción significativa en esta área.
La regla propuesta escribe esas restricciones en las regulaciones federales, iría aún más lejos al declarar que una amplia variedad de situaciones no son “buena causa” para una prórroga, incluso muchas situaciones en las que las prórrogas se otorgan de forma rutinaria según las reglas actuales.
Finalmente, la imposición de requisitos más estrictos a estas herramientas requiere que los jueces escriban justificaciones más extensas cuando las otorgan.
