El martes, Amnistía Internacional pidió al gobierno de EEUU detener la violencia policial contra los manifestantes del movimiento “Black Lives Matter”.
El grupo defensor de los derechos humanos aseguró haber documentado “125 ejemplos separados de violencia policial contra manifestantes”. Estos casos se dieron en 40 estados y en el Distrito de Columbia entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2020.
Las manifestaciones se desataron en todo EEUU el 25 de mayo cuando, tras una detención policial, el afroestadounidense George Floyd murió en un hospital de Minneapolis.
Tras la muerte de Floyd se han suscitado diversos encuentros violentos entre las fuerzas del orden y los manifestantes. Y es que los reclamos del cese al racismo y la violencia policial vinieron acompañados de actos vandálicos.
Además, recientemente, los participantes de las protestas han derribado estatuas de militares y políticos relacionados con los estados confederados del sur. El motivo es la presunta relación de estos personajes con la esclavitud y la discriminación racial contra los ciudadanos de la raza negra.
Por estos hechos, el presidente Donald Trump autorizó al gobierno federal a arrestar y condenar hasta con 10 años de prisión a cualquiera que vandalice o destruya un monumento o propiedad federal en EEUU.
Amnistía Internacional analiza casos de violencia
Para evaluar los incidentes violentos durante las manifestaciones, el Laboratorio de Pruebas de Crisis de Amnistía Internacional reunió casi 500 videos y fotografías de protestas. Amnistía rescató estas muestras de plataformas de redes sociales.
Philadelphia EN ESTOS PRECISOS MOMENTOS:
Es un completo y absoluto caos.
¿Por qué hay coches de policía en filas gigantescas sin ningún ocupante?
¿Están permitiendo esto para aplicar la ley marcial o hay impunidad total para estas bandas? pic.twitter.com/bNqeewxWDS
— Dr White ☠️ (@PredicadorWhite) May 31, 2020
El grupo dijo que el contenido digital “fue verificado, geolocalizado y analizado por investigadores con experiencia en armas, tácticas policiales y leyes internacionales y estadounidenses que rigen el uso de la fuerza”.
En algunos casos, los investigadores pudieron entrevistar a las víctimas y confirmar la conducta policial con los departamentos de policía locales.
Según la organización, “el análisis muestra que los agentes de la ley violaron los derechos humanos diariamente en las calles.” No cumplieron con sus obligaciones de “respetar y facilitar el derecho de las personas a protestar pacíficamente“.
Las demandas
Amnistía Internacional alertó que “las fuerzas de seguridad sólo pueden recurrir al uso de la fuerza en las manifestaciones cuando es absolutamente necesario y proporcionado”. Agregó que, en estos casos, el uso de fuerza “debe lograr un objetivo legítimo de aplicación de la ley“.
También expresó que los actos violentos de un individuo “nunca justifican el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes pacíficos en general”:
La fuerza sólo se justifica hasta que se contenga la amenaza inmediata de violencia hacia los demás.
La organización “exige reformas reales y duraderas a la policía estadounidense en todos los ámbitos”. Estas demandas incluyen:
- Detener las ejecuciones policiales extrajudiciales de personas negras. Asimismo, se debe rendir cuentas por sus muertes a través de investigaciones independientes.
- Garantizar el derecho a manifestaciones pacíficas contra la violencia policial, sin la amenaza de que manifestantes, periodistas o transeúntes sean blanco de dicha violencia.
- Aprobar la legislación federal, incluida la Ley PEACE, así como las leyes estatales para restringir el uso policial de la fuerza sólo en casos necesarios. En estas situaciones, la fuerza debe ser proporcionada.
- Poner fin a la doctrina de la “inmunidad calificada”. Esta ley impide que la policía rinda cuentas legalmente cuando viola la ley.
- Aprobar legislación federal para desmilitarizar a las fuerzas policiales.
Brian Griffey, investigador y asesor estadounidense de Amnistía Internacional, señala: “Se necesita una reforma policial real, sistémica y duradera en todos los niveles para garantizar que las personas en todo el país se sientan seguras para caminar por las calles y expresar sus opiniones de manera libre y pacífica, sin enfrentar una amenaza real de daño por parte de los mismos agentes que se supone que los protegen”.
