Un tribunal federal dictaminó que si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revisa un celular o dispositivo electrónico sin sospecha responsable, será considerado como inconstitucional.
Este martes el tribunal accedió no seguir con estas prácticas, después de que diez ciudadanos y un residente argumentaran que las agencias violan la Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.
Alasaad v. McAleenan fue como se llamó el caso de la demanda, respaldada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
La corte dictaminó que los oficiales que pretendan buscar en un dispositivo electrónico personal sin una orden judicial, será considerado actividad ilegal.
Después de que el Departamento de Seguridad Nacional aumentará las prácticas de revisión a dispositivos electrónicos, en abril del 2019 se presentó la demanda respaldada por la Cuarta Enmienda.
La Cuarta Enmienda protege contra registros ilegales y requiere que los agentes de la ley tengan una orden antes de que puedan registrar a alguien o sus propiedades.
Sin embargo, los agentes de la ley pueden realizar búsquedas “rutinarias” en la frontera sin una orden judicial y sin ninguna sospecha.
Ya que buscar en un teléfono celular o computadora portátil de alguien no es una búsqueda “de rutina”, concluyó el tribunal federal.
Esto último se basa en algunos de los casos de los demandantes, por ejemplo, agentes preguntaron a un periodista, sobre fotografías y contactos encontrados en su teléfono.
También interrogaron a una estudiante fundadora de un sitio web de medios, sobre una de las publicaciones de su blog mientras buscaban en su teléfono.
Los demandantes contra ICE
Para que los agentes de ICE o CBP puedan realizar una búsqueda en el celular de un tercero, deberán tener sospechas razonables de que un dispositivo electrónico contiene material ilegal.
Cabe destacar que en la primera mitad del año fiscal 2017, los oficiales de CBP realizaron casi 15 mil búsquedas en dispositivos electrónicos.
Los demandantes en el caso son 10 ciudadanos estadounidenses y un residente permanente legal que provienen de siete estados y provienen de diversos orígenes.
Entre ellos está un veterano militar, periodistas, estudiantes, un artista, un Ingeniero de la NASA y dueño de un negocio.
Todos volvían a ingresar al país por negocios o viajes personales cuando los agentes de la frontera registraron sus dispositivos.
Posteriormente no se acusaron por ningún delito. Los oficiales también confiscaron y guardaron los dispositivos de varios demandantes durante semanas o meses.
El caso se presentó en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.
Con información de Immigration Impact
