Los grandes debates sobre la seguridad fronteriza en las últimas décadas, tanto entre académicos y analistas como entre políticos y burócratas, se han centrado primord almente en temas que incluyen el narcotráfico y la lucha por los corredores del flujo transfronterizo de los estupefacientes ilegalizados (Payan 2016, Beittel 2019, y otros); los vínculos, reales o imaginados, entre las organizaciones criminales transnacionales y el terrorismo (Cornell 2009, y otros); la migración indocumentada como amenaza a la seguridad nacional (Coats 2019); y la posibilidad de violencia indirecta en las ciudades fronterizas estadounidenses (Perkins y Placido 2010); entre otras cuestiones similares.
Casi todos estos grandes debates, con pocas excepciones teóricas (Sohn 2013), asumen que la frontera es una fuente de amenazas a la seguridad pública y nacional, sobre todo de EU de hecho, los estudios y la narrativa sobre la frontera han hegemonizado teórica y empíricamente esta idea de tal manera que esto se ha capitalizado por políticos como Donald Trump, quien sigue buscando la construcción de un muro en aras de la seguridad.
En otro descuido importante, la academia ha justificado el discurso hegemónico de Washington con relación a la direccionalidad de las amenazas—éstas van del sur al norte. La implicación es que lo que hay que proteger es Estados Unidos y los ciudadanos de ese país—no México ni a los mexicanos.
El énfasis direccional de los análisis de las llamadas amenazas que emanan de la frontera nos ha llevado a ignorar otros problemas importantes que abonan a la inseguridad de la frontera y más allá, como es el flujo de armas de alto poder hacia México, sin las cuales la capacidad del Estado de generar seguridad pública no se viese rebasada.
Es decir, nuestro acercamiento al tema de la seguridad fronteriza, con sus sesgos temáticos y metodológicos, no ha permitido poner los reflectores sobre temas tan cruciales como el tráfico de armas de norte al sur para elaborar políticas que permitan reducir la capacidad material del crimen organizado vis-à-vis el gobierno y la sociedad.
En este pequeño ensayo, se examina el problema del tráfico de armas de alto poder de EU a México en varias dimensiones, con la esperanza que este ejercicio permita corregir ciertos sesgos, por lo menos conceptualmente.
Por un lado, se discute la centralidad de la seguridad nacional de EU por sobre los intereses de la seguridad pública de los fronterizos y los ciudadanos mexicanos y, por otro lado, la contradicción entre una política pública que pretende abatir la delincuencia organizada y otra política pública que permite que ésta tenga un poder de fuego que socava la capacidad de ambos gobiernos de reducir el poder de la delincuencia organizada sobre ambas sociedades, y que finalmente magnifica la violencia.
Finalmente, se ofrecen algunas medidas posibles dentro de las variables estructurales que hoy por hoy no permiten una verdadera colaboración binacional en el tráfico de armas de EU por sobre los intereses de la seguridad pública de los fronterizos y los ciudadanos mexicanos y, por otro lado, la contradicción entre una política pública que pretende abatir la delincuencia organizada y otra política pública que permite que ésta tenga un poder de fuego que socava la capacidad de ambos gobiernos de reducir el poder de la delincuencia organizada sobre ambas sociedades, y que finalmente magnifica la violencia.
Finalmente, se ofrecen algunas medidas posibles dentro de las variables estructurales que hoy por hoy no permiten una verdadera colaboración binacional en el tráfico de armas.
Uno de los principales problemas que emanan de los sesgos de los estudios del tema de la seguridad fronteriza—el cual se sobreentiende por parte de la comunidad gubernamental debido a sus compromisos normativos e ideológicos—es el casi total desconocimiento de los números y cifras de las armas traficadas de los EU a México.
Es cierto que cualquier tráfico ilegal es, por definición, difícil de medir. Por ejemplo, no sabemos exactamente las cantidades de estupefacientes que cruzan exitosamente la frontera, aunque sí sabemos cuántos son confiscados.
Tampoco sabemos exactamente cuántos migrantes indocumentados logran llegar a sus destinos, aunque sí sabemos cuántos son detenidos y deportados. El enfoque sostenido—académico y gubernamental—sobre estos temas sin embargo ha permitido que se hayan ido perfeccionando las metodologías para medir estos flujos ilegalizados y para que exista una cantidad importante de estudios y cálculos sobre estos (Barrera-Estrada y Krogstad 2019; Greenfield et al 2019; Kilmer et al. 2014; Midgette et al. 2019; y muchos otros). La abundancia de este tipo de estudios sobre drogas y migrantes y la riqueza del debate refleja la atención que se le ha puesto a estos temas.
Sobre el tráfico de armas, sin embargo, es relativamente poco lo que se sabe—mucho menos que sobre los otros flujos transfronterizos ilegalizados ya mencionados. ¿Por qué la ausencia de conocimiento y datos sobre este tema? Porque ni la comunidad académica ni los decisores en materia de política pública han exhibido el mismo interés en estudiar este tema diligentemente.
El tema del tráfico de armas no sirve ni a la comunidad epistémica en materia de seguridad en los Estados Unidos o en México—no existen generosas becas para el estudio de la cadena de violencia ocasionada por el tráfico de armas (Kaplan 2018)— ni a los políticos y funcionarios de ese país, quienes han absolutizado el sentido de la segunda enmienda de la constitución estadounidense, aun cuando ellos mismos se han visto rebasados por el uso de armas de alto poder en las numerosas matanzas masivas que llevan ya muchos años, incluyendo la de El Paso, Texas el 3 de agosto del 2019.
El problema del tráfico de armas fue algo puesto sobre la mesa por primera vez por el presidente Felipe Calderón, quizás el primer ejecutivo mexicano que habló abierta y francamente del tráfico de armas de EU y la corresponsabilidad de ese país por la violencia en México a través de su actitud permisiva hacia el flujo de armas por la frontera. Fue a partir de ahí que el trasiego de armas de alto poder de norte a sur comenzó a surgir como un problema importante en el entendimiento de la violencia en México.
El análisis de este tema, sin embargo, sigue siendo anecdótico y, si mucho, periodístico, con pocas excepciones (Pérez Esparza y Weigend Vargas 2015; Salcedo Albarán et al. 2017).
Un reporte publicado por InSight Crime (2011) pone ya gran parte de la responsabilidad por la violencia en México sobre la laxitud del sistema de control de armas en EU Parsons y Weigend Vargas (2018) argumentan igualmente que las políticas públicas laxas sobre el tema de la compra, posesión y reventa de armas en Estados Unidos contribuye significativamente a la violencia en otros países, incluyendo a México. Las administraciones subsecuentes de Enrique Peña Nieto y de Manuel López Obrador, cada una por sus propias razones, ha dejado de poner énfasis en este serio problema.
Así pues, queda manifiesta la atención escasa y esporádica y mayormente mediática sobre el tema del tráfico de armas, aunque se pueda entrever que sí existen algunos estudios más académicos, pero ninguno realmente lo suficientemente contundente para entender el problema del tráfico de armas y su relación con la violencia y la delincuencia organizada en México.
Ante el carácter de la bibliografía sobre el tema, se puede concluir que falta un entendimiento profundo sobre la manera en que abona el tráfico de armas al problema de la inseguridad en la frontera y en México.
Evidentemente, el tema no es prioridad y no podrá obtener tracción hasta que haya mayor capital político detrás del problema.
Ahora bien, esto no es por falta de curiosidad. Por supuesto que se han generado una serie de hipótesis a partir de anécdotas y notas periodísticas que indican que la mayor parte del tráfico de armas involucra a ciudadanos estadounidense que las compran en tiendas o ferias y las suministran a otros ciudadanos estadounidenses y a algunos ciudadanos mexicanos que las cruzan en lo que se conoce como el contrabando hormiga—armas completas, una por una, o en partes que luego se ensamblan en México.
Las modalidades que toma el tráfico de armas en la frontera han sido exploradas fundamentalmente por periodistas, como Harp en el 2019. Harp estima que alrededor de 700 a 800 armas son traficadas a México diariamente. En realidad, ese número es imposible saberlo. Aun así, claramente, la mayor parte de las armas confiscadas a la delincuencia organizada en México pueden ser rastreadas a los Estados Unidos.
Es cierto que mientras el debate sobre las armas y los derechos de la segunda enmienda no sean resueltos en EU a favor de leyes y normativas más restrictivas, el tema del tráfico de armas a México no podrá ser resuelto y la delincuencia organizada continuará contando con un alto poder de fuego.
Sin embargo, debe quedar claro que el propio gobierno de los EU está en una encrucijada porque sus políticas son finalmente contradictorias. Por un lado, se tiene un enorme interés en abatir el poder de fuego de la delincuencia organizada, que le permite neutralizar a las autoridades mexicanas y continuar actividades ilícitas relativas al flujo de drogas y migrantes hacia el norte.
Por otro lado, EU es fundamentalmente el primer proveedor de ese mismo poder de fuego que no permite abatir esos mismos flujos ilegalizados que se pretende contener.
Esta contradicción fundamental entre políticas públicas no es algo que se pueda resolver inminentemente—y ni siquiera la propia violencia infligida por ciudadanos de los EU sobre otros ciudadanos a manera de matanzas masivas ha logrado mover el debate público y político un ápice.
Recomendaciones
Finalmente, es importante decir que Harp (2019) estima que el gobierno de Estados Unidos ha desmantelado la capacidad de la agencia ATF (Alcohol, Tobacco and Firearms), quien fuera la encargada de investigar el tráfico de armas de EU a México (Yablon 2018).
Hay poco interés en Washington, desatinadamente, en entender cómo este flujo abona a la violencia en México y cómo socava los esfuerzos del propio gobierno de EU de abatir el crimen organizado en México que dirige sus actividades a la frontera y más allá.
Mientras el debate sobre la regulación de las armas en EU no sea resuelto a nivel doméstico, detener el flujo de armas hacia México es casi imposible. Sin embargo, existen varios mecanismos que México puede tomar para ralentizar el flujo de armas en la frontera y limitar la capacidad de fuego de la delincuencia organizada en el país.
Primero, el Servicio de Aduanas de México debe establecer una política antitráfico de armas enfocada en la identificación de patrones—vehiculares, personales, y en modalidad—sobre el tráfico de armas y aumentar las inspecciones sobre estos flujos de EU a México. Uno de los más importantes problemas en la detección de flujos ilegales de norte a sur es que México continúa siendo una frontera abierta, sin esquemas de inteligencia que permitan un análisis claro sobre los patrones que adquiere la delincuencia organizada en la persecución de su poder de fuego.
No se trata de cerrar la frontera. Se trata de crear un sistema de inteligencia capaz de detectar los patrones y hacerlos objeto de políticas dirigidas a quienes se dediquen a este giro.
El gobierno mexicano debe también incrementar las penalidades por la posesión de armas de uso exclusivo del ejército mexicano. Esta política debe incluir a ciudadanos estadounidenses identificados como participantes en el tráfico de armas hacia México.
Existe suficiente sustento en el derecho doméstico e internacional para iniciar procesos judiciales contra quienes participen en actos ilegales cuyos ciudadanos son mexicanos.
Esto implica también que México priorizaría su propia seguridad pública, en vez de colaborar únicamente con las prioridades del gobierno de EU—tal como sucedió en el caso del acuerdo Pompeo-Ebrard el 7 de junio del 2019, en el cual México hace suyas las prioridades migratorias de EU y envía casi 7 mil elementos de la Guardia Nacional a controlar el flujo de migrantes por la frontera de Chiapas.
Finalmente, el gobierno mexicano debe buscar la conclusión de tratados internacionales con EU que permitan investigaciones y judicializaciones de compañías e individuos en EU que participen en el tráfico de armas hacia México.
Lo que queda claro es que, si México no prioriza la investigación como un medio para entender la relación entre el tráfico de armas de alto poder y la delincuencia organizada que hoy azota al país y toma medidas precautorias y punitivas para detenerlo, el problema de la violencia y la delincuencia continuará.
Este artículo fue escrito por Tony Payan para el Colegio de la Frontera Norte
