Trump pierde otra batalla contra las ciudades santuario; California restringe cooperación con ICE Trump pierde otra batalla contra las ciudades santuario; California restringe cooperación con ICE
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Trump pierde otra batalla contra las ciudades santuario; California restringe cooperación con ICE
Conexión Migrante | 19/04/2019
Trump pierde otra batalla contra las ciudades santuario; California restringe cooperación con ICE

Donald Trump emitió una orden ejecutiva en enero de 2017 para bloquear los fondos federales de las jurisdicciones que se niegan a colaborar con ICE en la caza de indocumentados.

Este jueves, la administración de Trump perdió una batalla para para intentar revocar una ley en California, la cual restringe a la policía local ayudar a las autoridades federales a detener y deportar a migrantes indocumentados habitantes de una de las llamadas ciudades santuario.

El tribunal de apelaciones concluyó que Washington no tiene el poder constitucional para obligar al estado dorado a funcionar de esta manera.

A pesar que el presidente Donald Trump esperaba que en California cooperaran las autoridades estatales con las federales en materia de migración.

Esto debido a la SB 54, conocida como la Ley de Valores de California, la cual impide que las autoridades locales informen a las federales acerca de las fechas de liberación de los inmigrantes desde la cárcel, excepto en casos penales graves.

“La SB 54 puede frustrar los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración del gobierno federal”, afirma el tribunal en su fallo de 54 páginas, “Sin embargo […] esa frustración es permisible, porque California tiene derecho, conforme a la regla anticomando, a abstenerse de ayudar en los esfuerzos federales”.

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El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos en San Francisco apoyó una medida de California que requiere que los empleadores privados informen a los trabajadores de las inspecciones federales de inmigración.

Mientras piden al juez de la corte inferior que vuelva a examinar la parte de la tercera ley donde se autoriza al fiscal general del estado a inspeccionar las instalaciones que albergan a los migrantes, aún aquellos que no han cometido delitos penales.

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