Para finales de julio, se espera que la administración Trump de un paso hacia otro cambio radical de política que podría bloquear la entrada de millones de extranjeros a Estados Unidos e incluso sacar los que ya están en el país si han tenido acceso a beneficios públicos como salud infantil.
Un grupo de analistas dijo que la renovada política de ‘cargo público’ podría hacer que los ciudadanos que pertenezcan a familias de estatus mixto pierdan el acceso a los servicios que necesitan y les corresponden por miedo a poner en peligro el estatus migratorio de sus parientes.
Todo se reduce a cómo el gobierno de EE.UU. define lo que es un ‘cargo público’ y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) está presionando para que el concepto cambie.
Las versiones en borrador del documento que fue filtrado a los medios a principios de año revelan que el gobierno de EE.UU. pretende ampliar el criterio bajo el cual los migrantes pueden ser considerados ‘inadmisibles’ o excluidos de la posibilidad de obtener la residencia permanente o ‘green card’.
La propuesta del DHS indica que la modificación de la norma podría ser publicada en julio y es entonces cuando la agencia daría una respuesta sobre ella. El borrador del proyecto de ley fue enviado para revisión a la Oficina de Administración y Presupuesto, de donde no se ha movido.
Quién y cómo
Bajo la legislación actual, para determinar si es probable que un migrante se convierta en un ‘cargo público’, los funcionarios de inmigración –aquellos que están dentro de EE.UU. juzgando los casos de migrantes que quieren cambiar su estatus, y los que están fuera adjudicando visas– examinan si el solicitante ha recibido asistencia monetaria de parte del gobierno o si ha dependido del gobierno durante un largo tiempo.
La nueva norma, de acuerdo con los documentos filtrados, podría expandir significativamente ese concepto. Si la versión del proyecto de ley se mantiene como está, pasará de afectar un tres por ciento a un 47 por ciento de los migrantes sin ciudadanía, de acuerdo con un informe del Migration Policy Institute, una organización apartidista que analiza datos sobre la política migratoria de EE.UU.
Efectos espeluznantes
Según los documentos filtrados, la administración Trump está considerando una ley que podría tener efectos radicales en el uso de los beneficios públicos por parte de los migrantes legales y sus familias.
Michael Fix, uno de los autores del informe, dijo a la Voz de América que se sentía confiado de que a pesar de que los detalles de la propuesta del DHS no han sido comunicados oficialmente, “algo va surgir de esto”.
“Existe una amplia creencia de que vamos a ver un cambio en la ley de cargo público”, añadió.
En parte, el proyecto de ley obligaría a los funcionarios de migración a considerar si las personas dependientes de un solicitante –incluyendo ciudadanos estadounidenses– tuvieron acceso a beneficios como asistencia alimentaria.
Ampliaría también -a los últimos tres años- el tiempo que se tiene en consideración, y fijaría los estándares para determinar si cualquiera de las asistencias sobrepasó el nivel mínimo.
Por esta razón los investigadores del MPI determinaron que el porcentaje de no-ciudadanos que serían limitados bajo la posible ley estaría alrededor del 47%.
“La pregunta es ¿se busca reformar la seguridad social o la inmigración?”, preguntó Mix. “La retórica de la administración de Trump sugiere, para mí, que el principal objetivo es reformar la política migratoria”, explicó el investigador.
Los cambios al sistema migratorio de EE.UU. a través de la acción del Congreso han sido especialmente difíciles de conseguir. A pesar de que Donald Trump no es el primer presidente que toma acciones ejecutivas para modificar estos procedimientos, él y su gabinete han tomado una serie de decisiones desde enero del 2017 que han producido cambios en un amplio espectro de políticas; desde reducir las admisiones de refugiados a bloquear la entrada de los ciudadanos de algunos países, a acabar con el estatus de protección temporal de cientos de personas.
En marzo, el portavoz del DHS, Tyler Houlto,n advirtió que aún no se había decidido sobre el proyecto de ley.
“No obstante, como hemos dejado claro, la administración está comprometida a reforzar la legislación migratoria existente, que lleva siendo parte de nuestras leyes por largo tiempo; parte de ella es respetar los dólares de los contribuyentes”, añadió.
Los analistas políticos que están a favor de reducir los flujos migratorios llevan abogando por un uso y una definición más robusta de la ley de cargo público durante mucho tiempo.
Grandes cambios para problemas pequeños
“Este no es un asunto nuevo”, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho migratorio en la Cornell University.
“EE.UU. ha prohibido la entrada de los pobres y las personas que pueden convertirse en una carga pública desde 1882. La mayoría de los migrantes potenciales deben mostrar que ganan al menos un 125% más de lo que está estipulado en las guías de ingreso de pobreza antes de que se les conceda la residencia permanente, o puedan probar que tienen alguien que les asuma sus responsabilidades financieras”, dijo el profesor.
Además, agrega el abogado, de los más de 1 millón de personas que obtuvieron una green card en el año fiscal 2017, solo 3.237 fueron descalificados basados en preocupaciones de que se convirtieran en una carga pública.
“La administración Trump está atacando un problema pequeño con un gran palo”, dijo Yale-Loehr.
