Parte de la ley que facilita las deportaciones de migrantes con antecedentes es muy ambigua, debido a eso este día la Corte Suprema determinó que dicha ley no puede ser puesta en práctica, dando un fuerte golpe al gobierno y su discurso para deportar a los migrantes con antecedentes.
En la sentencia los jueces consideran que la ley que facilita las deportaciones es demasiado “vaga” al momento de definir las acciones que pueden calificarse como un “crimen violento”.
Hasta ahora, el gobierno permitía acelerar la expulsión de los extranjeros acusados de haber realizado este tipo de crimen.
Ahora, con el fallo realizado por la Corte se confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, que en 2015 ya anuló esa provisión de la ley al considerarla demasiado confusa.
La decisión de la Corte Suprema supone un golpe para el presidente Donald Trump, que verá mermada su capacidad para acelerar la deportación de extranjeros con antecedentes penales.
El caso está centrado en la figura de James Dimaya, un filipino que llegó a Estados Unidos en 1992 con 13 años y, en 2007 y 2009, fue condenado por dos delitos de robo, por los que fue condenado en total a cuatro años de prisión.
Entonces, en 2010, el Gobierno comenzó el proceso para deportarle porque, a su juicio, los robos por los que había sido condenado podían considerarse “crímenes violentos” y, por tanto, su expulsión estaba amparada por esa provisión recogida en la ley federal.
Con información de agencias
