¡Justicia para José Antonio! mexicano de 16 años asesinado por agente fronterizo
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¡Justicia para José Antonio! mexicano de 16 años asesinado por agente fronterizo
Conexión Migrante | 10 octubre, 2017
Justicia para José Antonio

El 10 de octubre de 2012, José Antonio Elena Rodríguez, un muchacho de 16 años, fue asesinado en la Calle Internacional, en Nogales, Sonora.

El 10 de octubre de 2012, José Antonio Elena Rodríguez, un muchacho de 16 años, fue asesinado en la Calle Internacional, en Nogales, Sonora –su ciudad natal–, por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. José Antonio estaba a cuatro cuadras de su casa. Calle Internacional corre paralela a una valla fronteriza, que […]

El 10 de octubre de 2012, José Antonio Elena Rodríguez, un muchacho de 16 años, fue asesinado en la Calle Internacional, en Nogales, Sonora –su ciudad natal–, por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. José Antonio estaba a cuatro cuadras de su casa.

Calle Internacional corre paralela a una valla fronteriza, que separa a Estados Unidos de México, y tiene entre 20 a 25 pies de altura [más de 7 metros]. La cerca de acero corre a lo largo de la parte superior de un acantilado de 25 pies.

Esa noche, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza, agentes estaban en búsqueda de dos contrabandistas sospechosos que, tratando de escalar la valla de regreso a México desde Estados Unidos, lanzaron piedras desde el lado mexicano de la frontera.

En respuesta, el agente Lonnie Swartz apuntó su arma a través de la valla y abrió fuego a cualquier lugar entre 14 a 30 veces, según los informes.

La autopsia reveló que a José Antonio le dispararon aproximadamente 10 veces, y virtualmente todas las balas penetraron en su cuerpo por detrás. Era un adolescente desarmado al que le gustaban los “días nublados y las galletas de chocolate”, como recuerda su madre, Araceli Rodríguez.

Hoy se cumplen cinco años de aquella tragedia y todavía no hay justicia para la familia Rodríguez. José Antonio tendría hoy 21 años.

En cambio, su madre y sus hermanos caminan regularmente por su santuario en la Calle Internacional, donde los agujeros de bala aún pueden ser vistos en la pared.

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La familia Rodríguez, que sigue sintiéndose perdida, conserva la esperanza de que el sistema judicial estadounidense le haga justicia a José Antonio.

EL CASO EN MANOS DE ACLU

En 2014, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda federal en nombre de Araceli para reivindicar los derechos constitucionales del adolescente.

Durante casi 100 años, la ACLU ha trabajado para defender y preservar los derechos y libertades individuales garantizados por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos.

Así que, en un nivel humano básico, este caso –defendido por ACLU– desafía la idea de que un agente fronterizo estadounidense puede pegar una pistola a través de un agujero en una valla y disparar contra niños mexicanos, a 20 pies de distancia, sin consecuencias constitucionales.

Además, legalmente, plantea cuestiones importantes acerca de si la Constitución de Estados Unidos puede aplicarse extraterritorialmente.

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El CBP (Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos o US Departament of Homeland Security), en nombre del agente Swartz, pidió que se desestimara el caso, argumentando que José Antonio no fue privado de sus derechos constitucionales porque como mexicano asesinado en México, no tiene ninguno.

En julio de 2015, un tribunal de distrito de Arizona negó la solicitud de desestimación del caso, constatando que José Antonio “tenía derecho a protección conforme a la Cuarta Enmienda”.

En última instancia, el agente Swartz es un ciudadano estadounidense que está sujeto a las leyes estadounidenses. Abrió fuego, mientras portaba su uniforme, en suelo de EU, usando fuerza innecesaria y excesiva en violación de la cuarta y quinta enmiendas a pesar de que “por más de treinta años, los agentes de la Ley han estado conscientes de que es ilegal… aplicar fuerza mortal contra un sospechoso desarmado “, como señaló el juez del Tribunal de Distrito Collins.

“En su corazón, este es un caso donde se alega excesiva fuerza mortal por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de pie y en suelo estadounidense, ante un Tribunal Federal de Distrito de Estados Unidos encargado de mantener la Constitución de los Estados Unidos”, concluyó el juez.

El CBP ha apelado desde entonces el fallo, y el caso está ahora ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Si el noveno circuito decidiera a favor de la familia Rodríguez establecería un precedente crítico: que los agentes de la Patrulla Fronteriza no pueden matar sin que haya repercusiones constitucionales sólo porque la víctima era de otro país.

Además, en 2015, un gran jurado federal acusó al agente Swartz de asesinato en segundo grado, la primera vez en la historia de Estados Unidos en que un agente de la Patrulla Fronteriza fue acusado de asesinato en un tiroteo transfronterizo. En un juicio, que ha sido rechazado en más de una ocasión.

UN CASO NO AISLADO

La muerte de José Antonio fue un acontecimiento trágico, pero no aislado. Desde 2010, al menos 50 personas han muerto como resultado de un encuentro con agentes fronterizos estadounidenses. Un informe del Consejo Americano de Inmigración de 2014 examinó 809 denuncias de presuntos abusos presentados contra agentes de la Patrulla Fronteriza y concluyó que los funcionarios del CBP “rara vez toman medidas contra los presuntos autores de abuso”.

En las ocasiones en que el CBP respondió formalmente a una queja, el 97 por ciento de las veces la respuesta fue “No Action Taken”.

El 25 de enero pasado, el Presidente Trump firmó una orden ejecutiva sobre la aplicación de la ley de inmigración, que exigía la contratación de 5 mil agentes de la Patrulla Fronteriza y de 10 mil nuevos funcionarios de inmigración. El CBP es ya la agencia federal más grande en cuanto a la aplicación de Ley del país y creció para ganar más autoridad dada la revisión significativa del Presidente Trump de la aplicación de las leyes de inmigración y de las prioridades de la deportación.

“Ya sea que construyamos o no un muro, no hay una zona libre de la Constitución donde agentes de patrulla fronteriza puedan matar a civiles. La era de impunidad de la Patrulla Fronteriza debe terminar”, planteó la ACLU.

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