Crueldad compartida: México y EUA en la cadena de deportaciones

Por. Gretchen Kuhner, directora, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).

En un contexto de creciente endurecimiento de las políticas migratorias en América del Norte, miles de personas migrantes siguen atrapadas en una red de crueldad compartida entre Estados Unidos y México. La administración de Donald Trump continúa con políticas de devolución acelerada, mientras que el gobierno de Claudia Sheinbaum sigue recibiendo a personas no mexicanas bajo un acuerdo opaco, sin marco legal claro ni garantía de derechos.

Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), hemos conversado con algunas de las más de 49,000 personas migrantes —43,000 mexicanas hasta abril de 2025— que han sufrido directamente las consecuencias de estas políticas de detención y expulsión sin garantías mínimas.

En México, el gobierno ha mantenido el acuerdo no oficial concertado en mayo de 2023 por el entonces canciller Marcelo Ebrard, a través del cual el país se comprometía a recibir hasta 30,000 personas no mexicanas provenientes de Cuba, Guatemala, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. A cambio, Estados Unidos ofrecía procesar la entrada regular de hasta 30,000 personas originarias de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Aunque las cifras mensuales nunca alcanzaron ese tope, desde México ha seguido recibiendo personas devueltas, especialmente desde enero de 2025, sin sustento legal y sin ofrecerles información clara, documentos migratorios ni atención humanitaria adecuada.

A las personas devueltas se les entrega al Instituto Nacional de Migración (INM) en puntos fronterizos, desde donde se les traslada en autobuses a la Ciudad de México, Tapachula, Chiapas o Villahermosa, Tabasco. En nuestras visitas a estaciones migratorias y albergues, constatamos que las mujeres centroamericanas suelen permanecer detenidas hasta su deportación, mientras que mujeres de otras nacionalidades son liberadas sin documentación alguna. Muchas de ellas buscan trabajo, información o alternativas en la Ciudad de México; otras permanecen en lugares como Villahermosa, solicitando asilo y sobreviviendo en el sector informal.

Los testimonios recabados reflejan situaciones gravísimas: mujeres que desconocen su derecho a solicitar asilo, parejas separadas en la detención y la deportación, personas secuestradas tras intentar salir de su lugar de internamiento. Uno de los casos más alarmantes es el de una mujer venezolana separada de su esposo al ingresar a EUA: a él lo deportaron a Venezuela y a ella a México. En su intento por regresar con él, fue secuestrada en Veracruz por tres meses y sufrió múltiples violaciones. En otro caso, un salvadoreño que vivió 34 años en EUA terminó inexplicablemente en un albergue en Villahermosa, sin entender cómo había sido deportado a un país que no conoce.

Peor aún, esta situación ocurre sin ningún tipo de transparencia. La recepción de personas no mexicanas devueltas no está registrada oficialmente. No hay cifras públicas, y desde el cierre del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), nuestras solicitudes formales han quedado sin respuesta. Lo único que tenemos son los relatos desgarradores de quienes enfrentan esta cadena de deportaciones y abandono institucional.

A la administración de Claudia Sheinbaum le costaría muy poco cumplir con la ley y dejar de recibir personas deportadas sin documentos ni protección. O bien, hacerlo con apego al marco legal mexicano: otorgándoles una estancia por razones humanitarias que les permita buscar ayuda sin miedo a ser detenidas, secuestradas o abandonadas.

Como bien ha dicho la presidenta: “no es con redadas y violencia cómo se va a atender el fenómeno migratorio”. Eso es cierto allá, pero también aquí. La dignidad, los derechos humanos y el Estado de derecho deben ser el eje de la política migratoria, no la moneda de cambio en acuerdos opacos que solo profundizan el sufrimiento de quienes ya huyen de la desesperación.