Iniciativa propone que las personas puedan demandar a ICE por arrestos de ciudadanos

Ante los continuos arrestos de ciudadanos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y con el objetivo de llevar justicia a las personas víctimas de las políticas antiinmigrantes, la congresista demócrata Teresa Leger Fernández presentó una iniciativa de ley que permitiría a las víctimas de estos abusos demandar al gobierno y obtener una compensación económica en tribunales.

El proyecto surge en respuesta al incremento de abusos y detenciones indebidas, pues de acuerdo con una investigación recientemente publicada por ProPublica, en lo que va de la segunda administración del presidente Donald Trump, al menos 506 ciudadanos estadounidenses, incluyendo menores de edad y personas que grababan operativos, han sido detenidos por agentes de inmigración.

Una ley para demandar a ICE, combatir la impunidad y exigir la rendición de cuentas

Durante la presentación de la iniciativa Justice for Citizens Wrongfully Detained by ICE Act, la congresista Leger Fernández criticó severamente las acciones de la agencia federal:

«El ICE no puede pisotear sus derechos y salir impune. No pueden esconderse detrás de sus máscaras y actuar como si tuvieran una licencia para violar la Constitución […] Mi proyecto de ley trata sobre la justicia para esos estadounidenses y la rendición de cuentas de los agentes y de un gobierno que vulneran los derechos de los ciudadanos».

La iniciativa busca superar las barreras legales actuales, como la inmunidad calificada de los oficiales y la inmunidad soberana del gobierno federal, permitiendo que las víctimas presenten demandas directamente en los tribunales federales.

Los ejes centrales del proyecto de ley incluyen:

• Que los ciudadanos detenidos detenidos sin orden judicial ni causa probable a partir del 20 de enero de 2025 puedan demandar al gobierno.
• Impedir a los agentes invocar inmunidad absoluta o calificada y anular la inmunidad soberana del gobierno federal en este tipo de litigios.
• Exigir a los tribunales otorgar a los demandantes exitosos una compensación base de 500 mil dólares, más 100 mil dólares por cada día adicional de detención posterior al primer día, además del pago de honorarios legales y medidas cautelares apropiadas.
• Extender a cinco años el periodo disponible para que los ciudadanos presenten una demanda (ampliando el límite de dos años establecido por la Ley de Reclamaciones por Agravios Federales) y propone la anulación de los fondos no asignados restantes del ICE bajo la ley presupuestaria federal.

La iniciativa cuenta con el copatrocinio de la congresista Bonnie Watson Coleman y ha recibido el respaldo de importantes organizaciones de derechos civiles como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y el Centro de Derecho y Política Social (CLASP). Roman Palomares, presidente nacional de LULAC, señaló que cuando el gobierno trata a un ciudadano estadounidense como enemigo en su propio suelo, la justicia «debe tener un precio».