Las 9 iniciativas migratorias que aparecerán en las boletas de las elecciones intermedias

El control del Congreso estadounidense no es lo único que se decidirá en las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre de 2026, pues el debate sobre la inmigración estará en las boletas estatales, donde se decidirá si se aprueban o no varias medidas que impactan directamente a la población extranjera.

Para hacer más claro esto, el American Immigration Council monitoreó nueve propuestas de iniciativas que se votarán el próximo mes, en dónde se votarán y en qué consisten, además, detalló como impactarán a la comunidad migrante.

Elecciones intermedias 2026: Iniciativas que aparecerán en las boletas estatales

De acuerdo con el organismo, estas medidas se concentran principalmente en tres ejes fundamentales:

1. Restricciones al voto
2. Oficialización de idiomas
3. Incremento de la colaboración con agencias de control migratorio.

Iniciativas electorales que impactan a las comunidades migrantes

Estado	Medida Propuesta	Tipo
Alaska	Ballot Measure 3: Requiere que solo los ciudadanos estadounidenses puedan estar calificados para votar.	Estatuto estatal
Arizona	Proposition 144: Especifica que solo los ciudadanos estadounidenses son elegibles para registrarse para votar.	Enmienda constitucional
Arkansas	Issue 1: Especifica que solo los ciudadanos estadounidenses pueden estar calificados para votar.	Enmienda constitucional
California	Proposition 39: Establece requisitos de identificación para el voto presencial y exige que los funcionarios electorales realicen sus “mejores esfuerzos” para verificar las atestaciones de ciudadanía.	Enmienda constitucional
Colorado	Amendment 81: Requiere que las fuerzas de seguridad locales notifiquen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) después de que se presenten cargos contra una persona por ciertos delitos si la persona no se encuentra legalmente en los EE. UU. o no se puede determinar su estatus legal.	Enmienda constitucional
Idaho	HJR 6: Establece el inglés como el idioma oficial del estado.	Enmienda constitucional
Kansas	House Concurrent Resolution 5004: Requiere que solo los ciudadanos estadounidenses puedan estar calificados para votar.	Enmienda constitucional
Dakota del Sur	Constitutional Amendment J: Requiere que solo los ciudadanos estadounidenses puedan estar calificados para votar.	Enmienda constitucional
Virginia Occidental	Amendment 1: Requiere que solo los ciudadanos estadounidenses puedan estar calificados para votar.	Enmienda constitucional

Restricciones al voto y requisitos de ciudadanía

Un total de siete estados evalúan medidas en sus boletas para especificar que únicamente los ciudadanos estadounidenses pueden sufragar o bien para obligar a las autoridades electorales a verificar rigurosamente el estatus de ciudadanía.

Estas acciones se alinean con un endurecimiento normativo impulsado a raíz de órdenes ejecutivas federales recientes para revisar los padrones electorales, a pesar de que diversos estudios demuestran que la participación de no ciudadanos es un hecho sumamente infrecuente.

Oficialización del idioma inglés y políticas lingüísticas

En el ámbito legislativo estatal, Idaho impulsó la resolución HJR 6 para llevar a las boletas una enmienda constitucional destinada a consagrar el inglés como el idioma oficial del estado.

De aprobarse, se requeriría que todos los actos públicos, documentos y procedimientos gubernamentales se realicen únicamente en inglés, salvo disposición contraria de la ley federal, sumando al estado a un bloque de más de una treintena de entidades con provisiones similares en el país.

Mayor cooperación con autoridades migratorias y aplicación de la ley

Por otro lado, iniciativas como la Enmienda 81 en Colorado buscan deshacer años de protecciones orientadas a construir confianza entre las comunidades inmigrantes y las corporaciones locales de seguridad. La medida obligaría a las agencias locales del orden a notificar en un plazo de 75 horas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) si una persona sin estatus legal comprobado es imputada por ciertos delitos o si cuenta con antecedentes penales previos.

Aunque las personas que propusieron que estas estas acciones refuerzan la seguridad pública, los opositores advierten que la medida vulnera el debido proceso al aplicarse a personas que apenas enfrentan cargos y no condenas firmes, en un contexto nacional donde una abrumadora mayoría de los detenidos por ICE carece de sentencias penales.

Defensores de derechos civiles insisten en que los votantes deben evaluar con cautela el impacto a largo plazo de estas políticas restrictivas en las urnas, pues desde que inició el segundo mandato del presidente Donald Trump los contratos 287 (g) han aumentado.