La lotería de visas está en la cuerda floja; este es su estado hasta septiembre de 2026
Aunque un tribunal dio el visto bueno a los procesamientos de la lotería de visas 2026, el gobierno ha tomado medidas para no aprobarlas antes de la fecha límite.

A días de finalizar el año fiscal 2026, el futuro del programa de Visas de Diversidad de Estados Unidos, mejor conocido como lotería de visas, es incierto, todo esto tras varias suspensiones gubernamentales y una intensa batalla legal. Pero, la misma forma en la que funciona este programa es lo que hace complejo definir qué pasa, pues este es un programa que demora mucho tiempo en resolverse y el próximo 30 de septiembre, miles de familias seleccionadas mediante sorteo en 2024 siguen sin saber qué pasará con su visa.
Con el futuro de aclarar el estatus actual de la Lotería de Visas, en este artículo te explicamos qué pasa para todos los solicitantes y aspirantes a la medida.
¿Qué es la lotería de visas y cómo funciona?
Creado por la Ley de Inmigración de 1990, el programa de Visas de la Diversidad sorteaba cada año hasta 55 mil visas a personas nacidas en países con bajos índices de migración hacia Estados Unidos.
El proceso inicia cada otoño con la inscripción gratuita en línea de millones de solicitantes. Posteriormente, un sistema computarizado selecciona al azar a los beneficiarios. Para 2026, cerca de 129 mil 500 solicitantes y sus familias fueron elegidos de un universo de más de 20.8 millones de registros.
Sin embargo, la selección es solo el primer paso de un procedimiento riguroso que incluye:
- Asignación de un número de caso que determina la prioridad para las entrevistas consulares.
- Recopilación de antecedentes penales y civiles de cada país de residencia, además de exámenes médicos obligatorios.
- Pago de tarifas gubernamentales de 330 dólares por persona.
- Aprobación final por parte de un oficial consular antes del límite estipulado del 30 de septiembre.
Lotería de visas 2026: esto pasa en tribunales
Durante el primer año de su segundo mandato, la administración del presidente Donald Trump congeló la emisión de estas visas tras identificar al sospechoso de un tiroteo en Brown University como un inmigrante portugués beneficiario del programa en 2017.
Tras esto, e lDepartamento de Estado (DOS) y el de Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) suspendieron las solicitudes y la emisión de documentos en el extranjero bajo el argumento de revisar los protocolos de seguridad. Paralelamente, otra directriz restringió el acceso a nacionales de 75 países debido a un supuesto riesgo de dependencia de beneficios públicos.
Ante esta situación, agrupaciones de familias afectadas interpusieron demandas colectivas en tribunales federales, tales como Ivanov v. Trump y Medani v. Trump, argumentando que la suspensión generalizada impedía la evaluación individual que dicta la ley.
¿Qué pasará después del 30 de septiembre?
A finales de agosto, jueces federales dictaminaron que las pausas gubernamentales fueron ilegales y ordenaron reanudar el procesamiento. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han implementado de forma paralela un exhaustivo protocolo de revisión y capacitación obligatoria sobre “carga pública” que ralentiza la entrega final de estos visados.
Bajo estas nuevas revisiones, ninguna visa de inmigrante podrá imprimirse únicamente con el visto bueno del cónsul entrevistador. Cada expediente considerado elegible deberá someterse a una revisión adicional por parte de un gerente consular y pasar por una verificación en una aplicación gubernamental centralizada antes de autorizar su emisión o eventual revocación.
Debido a esto, los abogados de los demandantes acusan al gobierno de retrasar deliberadamente los casos para agotar el tiempo disponible.
Expertos en leyes de inmigración advierten que, una vez concluido el año fiscal en curso, las posibilidades de revocar o extender la vigencia de las visas mediante los tribunales son sumamente reducidas, dejando el futuro de miles de aspirantes en una completa incertidumbre legal.
En resumidas cuentas, aunque terminó la pausa generalizada, el gobierno mantiene las citas programadas para entrevistas sin garantizar la aprobación expedita del documento.

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