ICE en Texas firma contrato de hasta 382 millones de dólares para trasladar detenidos

El gobierno de Estados Unidos amplía los recursos destinados a las operaciones migratorias en Texas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) otorgó a GardaWorld Federal Services un contrato de hasta 382 millones de dólares para trasladar a personas que se encuentran bajo custodia migratoria en los 254 condados del estado.

El acuerdo, explicado por Univisión, contempla servicios de transporte terrestre armado disponibles las 24 horas del día.

Hasta ahora, ICE ha destinado cerca de 100 millones de dólares de este contrato.

¿Qué servicios incluye el contrato de ICE en Texas?

Además del traslado de personas detenidas, GardaWorld estará a cargo de diferentes actividades relacionadas con la operación del servicio.

Entre ellas se encuentran:

• Transporte terrestre armado las 24 horas.
• Coordinación de los traslados.
• Elaboración y manejo de documentación.
• Operación y mantenimiento de vehículos.
• Elaboración de informes.
• Control de calidad.
• Administración de un portal seguro.

El contrato permitirá que estos servicios estén disponibles en todo el territorio de Texas, un estado que actualmente concentra una parte importante de las operaciones de control migratorio.

Texas lidera los acuerdos del programa 287(g)

Los acuerdos del programa 287(g) permiten que ICE delegue determinadas funciones de aplicación de las leyes migratorias a agencias policiales estatales y locales.

Texas es el estado que concentra la mayor cantidad de estos convenios. Según un registro elaborado por el investigador independiente Andrew Thrasher, con información de ICE, existen 514 acuerdos con 422 agencias policiales texanas.

En comparación, Florida registra 352 acuerdos.

Estos acuerdos contienen:

• Expansión del programa 287(g): cerca del 61% de los acuerdos en Texas utilizan el modelo de grupo de trabajo, el que da mayores facultades a policías y sheriffs locales.
• Más facultades para agentes locales: pueden preguntar a las personas sobre su situación migratoria y detenerlas por posibles infracciones migratorias durante paradas de tráfico, puntos de control o patrullajes.
• ICE decide qué ocurre después: un supervisor de ICE determina los siguientes pasos con las personas detenidas.
• Cadena de detención: la participación de policías y sheriffs locales puede terminar con el traslado de personas detenidas a instalaciones de ICE.

Los condados reciben dinero por colaborar

• Desde septiembre de 2025, ICE anunció que reembolsaría a las agencias locales el salario y beneficios de los agentes capacitados bajo el modelo de grupo de trabajo.
• También cubre horas extra de hasta 25% del salario.
• Las agencias pueden recibir bonos de hasta 1,000 dólares por agente cuando localizan entre 90% y 100% de las personas incluidas en las listas de ICE.
• Estos recursos provienen de la ley presupuestaria conocida como “One Big Beautiful Bill Act”.
• A diferencia de los contratos federales, estos pagos se realizan mediante acuerdos con departamentos de policía y oficinas del sheriff, por lo que es más difícil rastrear públicamente cuánto dinero se destina a esta expansión.

Presión sobre los sheriffs de Texas

14 legisladores demócratas de Dallas pidieron a Paxton detener lo que consideraron un acoso político contra la sheriff.

Una ley aprobada en junio de 2025 y vigente desde el 1 de enero obliga a los sheriffs que administran cárceles de condado a solicitar un acuerdo 287(g) con ICE. Texas ofrece subvenciones de entre 80,000 y 140,000 dólares por condado, dependiendo de su población.

El fiscal general estatal puede demandar a los sheriffs que no cumplan con la norma. De los 254 condados de Texas, 234 tienen cárcel propia.

El fiscal general Ken Paxton investigó a la sheriff del condado de Dallas, Marian Brown, por no haber solicitado el acuerdo.

Brown señaló que tenía hasta el 1 de diciembre para cumplir y que su oficina ya colaboraba con autoridades migratorias federales.

Los nuevos contratos reflejan el crecimiento de la participación de empresas privadas en la infraestructura y los servicios utilizados por las autoridades migratorias estadounidenses.