Gobierno de EE UU compra dos centros de detención en California

El gobierno de Estados Unidos dio un paso importante en su estrategia migratoria dentro de California. En una operación de 1,500 millones de dólares, la administración federal compró dos de los centros de detención de migrantes más grandes del estado en San Diego y Kern, pasando la propiedad de estas instalaciones privadas directamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los detalles de la compra

Los documentos oficiales presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) confirman que la transacción se cerró el pasado 2 de julio. La vendedora fue la empresa privada CoreCivic, la cual estima obtener ingresos netos de 1,100 millones de dólares por este trato.

El presupuesto federal se dividió de la siguiente manera:

• Centro de Detención de Otay Mesa (San Diego): El gobierno pagó 739.2 millones de dólares por este espacio con capacidad para 1,994 personas.
• Centro de Detención de California City (Condado de Kern): Se pagaron 732.6 millones de dólares por esta instalación recién inaugurada que cuenta con 2,560 camas.

Cambia el dueño, pero se mantiene la operación

Aunque el DHS ahora es el propietario de los edificios, el manejo diario no cambiará. CoreCivic seguirá a cargo de la operación cotidiana bajo los contratos actuales que tiene con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Eso sí, la compañía admitió que los términos podrían renegociarse más adelante ahora que el gobierno es el dueño de la infraestructura.

Esta compra, detallada originalmente por el medio CalMatters, forma parte de un plan más amplio. Para 2025, el presupuesto aprobado para el DHS es de casi 170,000 millones de dólares, de los cuales 45,000 millones están asignados exclusivamente a ampliar la capacidad de detención de migrantes hasta el 2029.

El panorama legal de los centros

La adquisición se concreta en medio de serios desafíos legales para ambos complejos:

• El centro de Otay Mesa enfrenta un litigio por el tema de las inspecciones sanitarias locales.
• La instalación de California City arrastra una demanda relacionada con permisos de operación pendientes.

Esta compra marca un giro importante en cómo el gobierno administra su infraestructura fronteriza, pasando de la renta a la propiedad directa.

Con información de La Opinión.

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