Corte Suprema de Texas suspende fondos para defender migrantes

El dinero público no podrá usarse por ahora, para defender a migrantes en procesos de deportación en Harris County. La Corte Suprema de Texas ordenó congelar de inmediato los recursos destinados al Immigrant Legal Services Fund y a la Immigration Resource Hotline. Esta pausa no define si el programa es legal o no, pero impide que el condado siga gastando dinero mientras se resuelve el juicio de fondo, evitando así que se usen fondos públicos que luego serían imposibles de recuperar.

¿Por qué se detiene el programa?

Todo se debe a una demanda presentada en noviembre de 2025 por el procurador general de Texas, Ken Paxton. El estado cuestiona el uso de más de $1.3 millones del condado para este fin, bajo el argumento de que Harris County no tiene la autoridad legal ni constitucional para financiar la defensa en casos de deportación. La Corte Suprema estatal coincidió en que existen dudas razonables y prefirió detener los pagos mientras avanza el caso.

¿A quiénes y cómo afectaba esta ayuda?

El fondo nació en 2020 para ofrecer abogados gratuitos a residentes del condado detenidos en la zona de Houston. Como los casos de migración son civiles y el gobierno no asegura un abogado de oficio (como en los casos penales), el programa cubría:

• Audiencias de fianza y solicitudes de liberación.
• Preparación de testigos y documentos para la corte.
• Representación directa en el proceso de deportación.

El beneficio se daba por orden de llegada y hasta agotar la capacidad de los abogados. Los requisitos para calificar eran estrictos: vivir en Harris County (o planear hacerlo al salir) y ganar menos del 80% del ingreso familiar medio de Houston.

El plan cubría a menores de 17 años que pasaron por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y a adultos en cuatro centros específicos: Greenspoint, Joe Corley, Montgomery e IAH Secure Adult.

La línea telefónica también queda suspendida

La orden también apaga la Immigration Resource Hotline (1-833-468-4664), la línea que conectaba a los ciudadanos y a los propios detenidos con orientación y organizaciones de apoyo.

Por ahora, todo el sistema de asistencia queda en pausa obligatoria mientras el condado y el estado se miden en los tribunales. El desenlace de este caso será clave para definir qué pueden (y qué no pueden) financiar los condados en Texas.

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Con información de La Prensa.