Mississippi autoriza crear una base de datos para identificar a migrantes indocumentados

Una nueva ley en Mississippi permitirá al Departamento de Seguridad Pública estatal crear una lista exhaustiva que facilite identificar a migrantes indocumentados que viven en el estado.

La aprobación de esta medida, impulsada por legisladores republicanos, ha generado una profunda alarma entre defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes temen que esta base de datos se convierta en una herramienta táctica para facilitar las deportaciones masivas bajo la administración del presidente Donald Trump.

¿Qué sabemos de la ley para identificar a migrantes indocumentados?

Aunque la ley entrará en vigor este miércoles 1 de julio, aún no está del todo claro cómo se ocupará la información. Sin embargo, se sabe que la medida autoriza al estado a utilizar “todos los medios de investigación legales y razonables” para determinar tanto el número como la identidad precisa de los inmigrantes sin estatus legal. Los datos recopilados incluirán:

• Nombre, dirección y país de origen.
• Información sobre si la persona es adulto o menor de edad.
• Antecedentes penales, así como el historial, ubicación y estatus de cualquier proceso de deportación en curso.

La normativa instruye a las autoridades estatales a compartir esta información con otros organismos locales y estatales. Aunque no obliga ni prohíbe explícitamente compartir la base de datos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los defensores advierten que esta infraestructura facilita la colaboración directa con las políticas de deportación de la Casa Blanca.

La senadora estatal republicana Angela Hill, patrocinadora de la medida, defiende la ley como un paso de “sentido común” para dimensionar la magnitud de la inmigración irregular y combatir delitos vinculados, como el tráfico de drogas y personas.

Sin embargo, expertos y organizaciones civiles cuestionan la viabilidad y las implicaciones éticas de la ley:

• Mantener una lista actualizada es “prácticamente imposible”, dado que el estatus migratorio de una persona puede cambiar frecuentemente debido a renovaciones de visas, cambios de residencia o nuevos procesos legales.
• Organizaciones como la ACLU de Mississippi y el American Immigration Council advierten que esta ley invita al perfilamiento racial y convierte a comunidades enteras en objetivos, rompiendo la confianza entre los residentes y la policía.
• Los críticos argumentan que esta medida desvía recursos policiales esenciales hacia labores de investigación migratoria, provocando que las víctimas de delitos eviten contactar a las autoridades por miedo a ser denunciadas, lo cual contraviene la misión fundamental de proteger a la población.

La persecución migratoria se está convirtiendo en fenómeno nacional

Mississippi se suma a una tendencia nacional donde, en lo que va del año, se han promulgado más de 100 leyes relacionadas con la inmigración. Mientras estados liderados por republicanos refuerzan acuerdos de colaboración con ICE y restringen beneficios públicos, estados bajo administración demócrata han aprobado medidas opuestas, prohibiendo pactos con ICE y restringiendo acciones de control migratorio en lugares sensibles como escuelas y hospitales.

A pesar de que Mississippi tiene una de las poblaciones de migrantes indocumentados más pequeñas del país (menos de 28 mil personas, menos del 1% de su población), la implementación de esta ley marca un precedente preocupante para las organizaciones civiles, que ven en ella una estrategia similar a la ejecutada mediante orden ejecutiva en Florida en 2021, estableciendo un nuevo estándar de vigilancia estatal sobre las comunidades migrantes.