Van más de 13 mil casos donde ICE ha detenido a personas irregularmente; jueces federales están interviniendo

En más de 13 mil ocasiones, jueces federales han detectado casos en los que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a personas ilegalmente y les impidió ser liberados de prisión. A pesar de los arrestos ilegales de ICE y los posteriores fallos judiciales, la agencia se niega a poner a estas personas en libertad, todo esto porque controlan a los jueces de inmigración, informó Politico.

Ante la percepción de que las cortes de inmigración operan bajo estándares preestablecidos para negar la libertad, el medio documentó como cada vez más jueces federales están interviniendo y analizando minuciosamente las audiencias de inmigración para buscar fallas constitucionales y ordenar la liberación inmediata de las personas detenidas por la migra.

Esto pasa con los arrestos ilegales de ICE y la negativa a liberar a estas personas

Aunque por ley los jueces federales no tienen autoridad para revisar las decisiones discrecionales de los jueces de inmigración, han encontrado una vía legal para intervenir: determinar si una audiencia fue “fundamentalmente injusta” desde una perspectiva constitucional.

Cuando los jueces federales identifican violaciones al debido proceso deciden tomar dos caminos: ordenar una nueva audiencia ante un juez distinto o decretar la libertad inmediata del detenido, evitando así procesos que consideran “preordenados”. Entre estas violaciones al debido proceso detaca:

• La omisión de evidencia
• La falta de consideración de alternativas a la detención
• Fallos ilógicos

Irregularidades cometidas por los jueces de inmigración

Las críticas de los jueces federales se centran en varias deficiencias estructurales:

• Inversión de la carga de la prueba: Mientras que en el sistema penal estadounidense el gobierno debe probar que alguien representa un peligro para detenerlo, en las cortes de inmigración esto varía. Muchos jueces federales están exigiendo que sea el gobierno (ICE) quien demuestre la necesidad de la detención, y no el detenido quien deba probar su derecho a la libertad.
• Decisiones arbitrarias: Se han documentado casos donde se etiqueta a detenidos como “riesgo de fuga” basándose únicamente en su ingreso irregular al país hace décadas, ignorando décadas de arraigo, propiedad de vivienda o lazos familiares en EE.UU.
• Falta de rigor procesal: Casos donde los jueces de inmigración han rechazado evidencia por presentarse “fuera de tiempo” aunque fuera entregada el día correcto, o casos donde los abogados del gobierno han aceptado el incumplimiento de órdenes judiciales previas, lo que ha sido calificado por jueces como una “clase magistral de cinismo legal”.

Diversos magistrados, independientemente de la administración que los nombró, han expresado su frustración en sus resoluciones:

• Juez Kyle Dudek, de Florida: Ordenó la liberación de un detenido tras calificar el comportamiento del gobierno como un intento de utilizar la corte federal como un “laboratorio de pruebas” para evadir mandatos judiciales.
• Jueza Lauren King, de Washington: Cuestionó la lógica de catalogar como “riesgo de fuga” a un hombre con 20 años de residencia, casa propia y familia ciudadana, advirtiendo que esto transformaría la detención discrecional en una “detención obligatoria de facto”.
• Jueza Susan Wigenton, de New Jersey: Ordenó un nuevo proceso ante un juez diferente para evitar “la apariencia de parcialidad” tras detectar que un IJ se negó a revisar documentos presentados correctamente.

Administración Trump responde

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), encargada de supervisar a los jueces de inmigración, ha rechazado las críticas calificándolas de “ataques personales infundados” hacia sus funcionarios. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha evitado responder específicamente a los señalamientos sobre la creciente tasa de rechazos judiciales.

A pesar de esta intervención, los tribunales federales siguen divididos sobre el alcance de su propio poder. Mientras algunos juristas sostienen que la única vía correcta es apelar a través de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), otra agencia del Poder Ejecutivo, otros jueces sostienen que el silencio ante lo que perciben como una politización de las cortes de inmigración sería una abdicación de su deber constitucional de proteger el debido proceso.