Más de 70 mil personas solicitaron refugio en México durante 2025

Durante el año pasado, el país se consolidó como un espacio donde extranjeros buscan protección internacional, pues de acuerdo con datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), las solicitudes de refugio en México en 2025 superaron las 70 mil 500 personas una cifra que mantiene una tendencia de estabilidad equiparable a los registros del periodo de 2024.

En el marco de la presentación de su Informe de Resultados 2025, titulado “Seamos Hogar para quienes no pueden volver al suyo”, ACNUR detalló como fue que miles de refugiados, solicitantes de asilo y personas refugiadas lograron acceder a servicios de documentación, empleo y educación formal en distintas regiones de México.

Esto dice ACUR sobre las solicitudes de refugio en México en 2025

El análisis estadístico del flujo de solicitudes recibidas durante 2025 detalla que la mayor parte de las personas que buscaron protección internacional provienen de cuatro naciones del hemisferio:

1. Cuba: Concentró el 49% del total de los trámites.
2. Venezuela: Representó el 20% de las solicitudes.
3. Haití: Significó el 13% del volumen general.
4. Honduras: Registró el 7% de las peticiones de asilo.

Geográficamente, el estado de Chiapas se mantuvo como el principal punto de recepción al captar casi la mitad de las solicitudes de protección internacional. No obstante, la zona metropolitana del Valle de México experimentó una presión administrativa notable al concentrar cerca del 30% del total de los trámites migratorios formalizados.

Este volumen de operaciones se gestionó en un contexto operativo complejo, condicionado por modificaciones en las dinámicas migratorias de la región y reducciones en los fondos de financiamiento humanitario a nivel global, detalló la ACNUR

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— Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (@comar_sg) June 14, 2026

Resultados en asistencia social e inclusión económica

A pesar de las restricciones presupuestarias, el balance operativo de las iniciativas de apoyo coordinadas por la agencia internacional reportó avances significativos en materia de asistencia jurídica, alojamiento e inclusión financiera durante 2025:

• Asistencia legal: Cerca de 100 mil refugiados, solicitantes y desplazados internos obtuvieron asesoría y representación jurídica gratuita.
• Alojamiento temporal: Más de 24 mil personas recibieron albergue y atención integral en estancias y refugios apoyados por el organismo.
• Inclusión bancaria: Se gestionó la apertura de más de 13 mil cuentas bancarias para facilitar el acceso de la población migrante al sistema financiero formal.
• Alianzas corporativas: Un total de 240 empresas nacionales y extranjeras colaboraron en programas de inclusión laboral formal para refugiados.

Asimismo, mediante el Programa de Integración Local, más de 4 mil personas refugiadas optaron por esquemas de reubicación geográfica hacia zonas con mayor oferta laboral en el país, lo que eleva a más de 170 mil el número de beneficiarios acumulados por este programa desde el año 2016.

Desplazamiento interno y sectores vulnerables

El informe también aborda la problemática del desplazamiento forzado interno motivado por cuestiones de seguridad pública. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública señalaron que un estimado de 283 mil 360 hogares se vieron en la necesidad de abandonar su lugar de residencia durante 2024 para protegerse de la delincuencia. Ante este panorama, se brindaron más de 14 mil 900 servicios de protección especializados a familias desplazadas en diversas entidades.

En cuanto a la atención a grupos específicos en situación de vulnerabilidad durante 2025, se garantizó el acceso a la educación formal a más de mil niños, niñas y adolescentes refugiados, mientras que más de mil 800 mujeres y niñas sobrevivientes de violencia de género recibieron asistencia especializada de acompañamiento.

Desafíos burocráticos y operativos pendientes

A pesar de las metas alcanzadas en materia de inserción económica, el documento identifica barreras estructurales persistentes que limitan el pleno desarrollo de los solicitantes de protección.

Entre los principales retos destacan:

• Los retrasos administrativos en los procedimientos oficiales para la determinación de la condición de refugiado
• La escasez de servicios de interpretación especializada para personas no hispanohablantes
• Los obstáculos regulatorios para la obtención expedita de documentos de identidad oficiales, indispensables para acceder a contratos de trabajo formales y servicios básicos de salud.