Suprema Corte da la razón a Trump en demanda por libertad de expresión de jueces de inmigración

La Corte Suprema de los Estados Unidos falló este martes a favor de la administración del presidente Donald Trump en un caso sobre la libertad de expresión de los jueces de inmigración, lo cual implica que estos jueces deben obtener una aprobación previa antes de realizar declaraciones públicas.

La decisión del máximo tribunal estadounidense desestima el fallo previo emitido por la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito anteriormente, la cual había dado la razón a los jueces de inmigración, quienes forman parte del Departamento de Justicia (DOJ), quienes presentaron una demanda porque la ley violaba su derecho a la libertad de expresión, amparada por la Primera Enmienda.

¿Qué pasa con la libertad de expresión de jueces de inmigración?

El litigio se centra en una política implementada durante el primer mandato de Trump y mantenida por administraciones posteriores, incluida la actual, que exige a los jueces de inmigración obtener una autorización previa antes de realizar cualquier discurso “oficial”. Según los registros judiciales, esta norma aplica cuando el juez es invitado a participar en un evento debido a su cargo, se espera que discuta políticas de la agencia o aborde asuntos relacionados directamente con sus funciones.

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración presentó una demanda en 2020 argumentando que esta política viola la Primera Enmienda de la Constitución, que protege contra la restricción gubernamental de la libertad de expresión. Sin embargo, el centro del debate legal no fue la constitucionalidad de la restricción per se, sino el mecanismo para impugnarla:

• Por un lado, el gobierno se basó en la Ley de Reforma del Servicio Civil (Civil Service Reform Act – CSRA) de 1978, la administración sostiene que las quejas laborales de empleados federales deben ser canalizadas primero ante agencias independientes, como la Junta de Protección de Sistemas de Mérito (MSPB), y no directamente en cortes federales.
• Por su parte, la Corte de Apelaciones de Cuarto Circuito cuestionó en junio de 2025 si los despidos masivos de funcionarios independientes por parte de la administración Trump habían dejado a estas agencias sin la autonomía necesaria para garantizar una audiencia imparcial. El tribunal inferior ordenó una investigación de hechos, lo que provocó el recurso de la administración Trump ante la Corte Suprema.

La importancia de la decisión de la Corte Suprema

El máximo tribunal corrigió al Cuarto Circuito, señalando que su decisión se basó en un argumento que ni siquiera había sido planteado por las partes involucradas en el caso. Los magistrados reafirmaron que la CSRA establece claramente el camino administrativo para este tipo de reclamaciones.

Al revocar la orden de investigación del tribunal inferior, la Corte Suprema devolvió el caso para que continúe su curso bajo la premisa de que el Congreso pretendía canalizar estas disputas a través del sistema administrativo de protección civil, y no mediante el litigio directo en cortes federales. La Corte rechazó, además, la apelación presentada por los jueces que buscaban omitir este paso administrativo.

Este fallo se suma a una serie de resoluciones favorables a la administración Trump en materia migratoria desde su regreso a la presidencia, incluyendo medidas como la deportación de migrantes a terceros países y la revocación de estatus legales temporales.

Expertos legales observan este caso con atención, pues la Corte Suprema tiene pendiente resolver para finales de junio otras cuestiones de gran calado, entre ellas:

1. Poder presidencial: La constitucionalidad de las leyes que protegen a funcionarios de agencias independientes de ser despedidos a voluntad por el mandatario.
2. Derechos constitucionales: La legalidad de la directiva de Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento y la revocación de protecciones temporales para ciudadanos de Haití y Siria.

Por ahora, la restricción sobre la libertad de expresión de los jueces de inmigración permanece vigente mientras el caso regresa a las instancias inferiores para continuar con los procedimientos establecidos.