Hambre, frío y falta de médicos: Las 3 realidades que colapsan los centros de detención de migrantes en California

Seis muertes en siete meses, hacinamiento y falta de atención médica. Esas son las consecuencias directas del aumento del 162% en las detenciones migratorias en California, según el quinto informe de la Fiscalía General del Estado presentado por el fiscal Rob Bonta. Las inspecciones, realizadas entre mayo y noviembre de 2025, revelaron que las condiciones de los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) empeoraron considerablemente durante el segundo mandato de Donald Trump debido al colapso de las instalaciones y la negativa federal de otorgar fianzas.

“Esto es cruel, inhumano e inaceptable, y urge que la Administración de Trump haga algo al respecto”, declaró Bonta al dar a conocer el reporte del Departamento de Justicia de California (DOJ). La población bajo custodia escaló de 2 mil 303 personas en 2023 (bajo el mandato de Joe Biden) a 6 mil 028 en 2025. Hasta la publicación del informe, el ICE no emitió comentarios sobre los señalamientos.

Celdas llenas y pocas personas con antecedentes severos

Para elaborar el documento, el DOJ analizó registros y entrevistó a personal y a 194 detenidos en siete centros: Adelanto, Desert View Annex, Golden State Annex, Mesa Verde, Imperial, Otay Mesa y California City. A pesar de que el gobierno federal afirma enfocarse en criminales, la Fiscalía determinó que la mayoría de los internos no tenía antecedentes penales y pertenecía a la categoría de baja peligrosidad.

Esta población enfrenta una sobrepoblación crítica en los siguientes puntos:

• Otay Mesa (Frontera San Diego/Tijuana): En octubre de 2025 albergaba a 1,433 migrantes en una instalación diseñada para 1,142 camas.
• Adelanto (cercano a Los Ángeles): Pasó de custodiar a siete personas en 2023 a 1,570 en julio de 2025. En este centro ocurrieron cuatro de las seis muertes reportadas entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

Dormir en el suelo, mala comida y falta de agua limpia

El colapso de espacio impactó directamente en los servicios básicos del día a día. El informe señala que los detenidos no recibieron atención médica oportuna, afectando incluso a pacientes con enfermedades crónicas. Además, el proceso de admisión —que incluye evaluaciones físicas y mentales— demoró varios días, periodo en el cual los migrantes durmieron en el suelo sin ropa de cambio ni agua potable.

En materia de alimentación, los inspectores recopilaron quejas sobre porciones pequeñas, horarios irregulares, comida mal cocida y falta de dietas especiales para alergias. Esta situación obligó a los internos de Golden State Annex y Mesa Verde a gastar hasta 150 dólares por semana en la comisaría del lugar para completar su comida. Asimismo, el personal del DOJ constató la presencia de agua turbia en el grifo de la sección de mujeres en el centro de Adelanto.

Malos tratos, frío extremo y revisiones sin ropa

Las condiciones de reclusión también incluyeron medidas disciplinarias severas y protocolos que afectan la dignidad de las personas. En Otay Mesa se obliga a los migrantes a desnudarse por completo para revisiones corporales después de cada visita que no sea de carácter legal.

Adicionalmente, se denunció el uso excesivo de la fuerza en Adelanto y Desert View, donde los internos reportaron el uso de aerosol de pimienta por parte de los guardias. En las instalaciones de California City, los testimonios acusaron temperaturas gélidas, goteras durante las lluvias y falta de vestimenta adecuada para protegerse del frío.

El freno a las revisiones sorpresa y la disputa en los juzgados

Las revisiones estatales se realizan al amparo de la ley de California AB 103, aprobada en el primer mandato de Trump, la cual faculta al DOJ a ingresar a los centros sin previo aviso. La Fiscalía adelantó que aplicará esta normativa en una octava instalación, el Central Valley Annex, que empezó a recibir detenidos del ICE en abril de 2026, así como en futuros centros.

A nivel federal, legisladores demócratas intentan obtener facultades para realizar inspecciones sorpresa similares en todo el país. No obstante, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional sostienen que el Congreso no tiene derecho a ingresar sin aviso previo, manteniendo la disputa bajo resolución de los tribunales.

Los datos oficiales de la Fiscalía de California evidencian las consecuencias operativas de las políticas de detención masiva en la infraestructura estatal. El debate sobre los límites de la supervisión local frente a las facultades federales en materia migratoria continúa abierto y bajo evaluación en las instancias judiciales del país.

Con información de El País.

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