Cientos de familias han sido desplazadas en Guerrero; CNI denuncia bombardeos con drones
Desplazamiento de cientos de familias y bombardeos con drones en Guerrero fueron denunciados organizaciones civiles, como el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), quienes alertaron por una serie de ataques sistemáticos perpetrados por el grupo criminal “Los Ardillos”, quienes operarían con la protección de la gobernadora estatal, Evelyn Salgado Pineda.
A través de múltiples comunicados, el CNI y demás organizaciones reportaron como estos ataques han forzado el desplazamiento de cientos de familias de diversas comunidades nahuas.
Cronología de los bombardeos con drones en Guerrero las comunidades afectadas
De acuerdo con la información compartida por las organizaciones, los ataques se han concentrado en las localidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán. Según lo reportado por las organiaciones:
- Las agresiones comenzaron el pasado 6 de mayo.
- La ofensiva se recrudeció el 9 de mayo con bombardeos que duraron más de ocho horas continuas.
- Se estima que entre 800 y mil familias han huido de sus hogares para refugiarse en los cerros, iglesias o comunidades vecinas como Alcozacán.
- El abogado Carlos González García informó sobre el hallazgo de cuatro cuerpos en la carretera Chilapa-Tlapa; se presume que al menos dos de ellos eran integrantes de la comunidad de Xicotlán.
Por su parte, el líder del CIPOG-EZ, Jesús Plácido Valerio, señaló que “Los Ardillos” mantienen bombardeos constantes incluso mientras las familias intentan resguardarse.
El CNI subrayó la contradicción entre el discurso oficial y la realidad en territorio: mientras la presidenta Claudia Sheinbaum afirmaba en su conferencia matutina que se trabajaba para proteger a Guerrero, se reportaron nuevos lanzamientos de bombas sobre Alcozacán en ese mismo lapso.
Adicionalmente, acusaron a la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de proteger operativamente a “Los Ardillos”. Justificaron su declaracion argumentando que los agresores operan a escasa distancia de instalaciones del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional sin que estas fuerzas intervengan para detener los ataques o desarticular al grupo.
Las organizaciones sostienen que la presencia de fuerzas federales sirve únicamente para simular control en la región, mientras el hostigamiento contra las comunidades que defienden su territorio persiste.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan recuerda que este asedio no es nuevo; las comunidades de la Montaña Baja han sufrido violencia constante desde 2015. La falta de una estrategia efectiva para desarticular a las organizaciones criminales ha dejado un saldo devastador para el CIPOG-EZ, pues hasta la fecha 76 de sus integrantes han sido asesinados y 25 miembros del grupo permanecen desaparecidas.
Ante la ausencia de autoridad, la delincuencia ha impuesto su ley mediante el “limbo del horror”.
Es por ello que el CNI hizo un llamado urgente a las redes de resistencia nacionales e internacionales y a los organismos de derechos humanos para mantenerse alertas ante lo que califican como una “situación de guerra” contra los pueblos indígenas que resisten en defensa de su autonomía y su vida.
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