DHS busca complicar proceso para frenar temporalmente deportaciones de migrantes
El Formulario I-246 sirve para frenar temporalmente deportaciones y el costo del trámite aumentará casi cuatro veces.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una iniciativa que busca incrementar drásticamente el costo del Formulario I-246, el cual permite a los extranjeros con una orden final de expulsión solicitar una suspensión temporal de su deportación. Con el ajuste, la tarifa pasaría de 155 a 755 dólares, un ajuste del 387% que no se realizaba desde 1989.
Esta medida, publicada en el Registro Federal, busca que el costo del trámite sea cubierto íntegramente por el solicitante y no por los contribuyentes estadounidenses, según los argumentos presentados por la agencia.
¿Qué es el Formulario I-246 y cómo puede frenar temporalmente deportaciones?
El Formulario I-246, conocido técnicamente como “Stay of Removal”, es un recurso discrecional que solicita a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) aplazar la ejecución de una orden de deportación. Es fundamental conocer sus alcances:
- Sólo da una suspensión, no un estatus válido: Este trámite no elimina la orden de expulsión ni otorga un estatus legal permanente, pero detiene el proceso de salida obligatoria por un tiempo determinado.
- Razones humanitarias: Se utiliza principalmente en casos de emergencias médicas, procesos judiciales pendientes, situaciones familiares complejas o razones humanitarias extraordinarias.
- Herramienta de defensa: Permite a los afectados seguir agotando recursos legales mientras permanecen en territorio estadounidense.
Justificación del gobierno para el incremento
El DHS justifica este aumento basándose en que la tarifa no ha sido ajustada en casi 40 años, lo que ha provocado un desfase entre el cobro y el costo real de procesamiento. Según la propuesta los 755 dólares cubrirían los gastos de adjudicación, atención al cliente, detección de fraudes y verificación de antecedentes.
Además, la administración sostiene que los servicios directos para personas con órdenes finales de deportación deben ser financiados por los propios interesados y no mediante subsidios públicos. Lo anterior está basado en las 3 mil 745 solicitudes recibidas en el año fiscal 2025, el gobierno estima recaudar unos 2 millones adicionales anuales entre 2026 y 2027.
Plazos y comentarios públicos
Cumpliendo con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), el gobierno ha abierto un periodo de 60 días para recibir comentarios públicos, el cual concluye el 6 de julio de 2026.
Durante este lapso, abogados, organizaciones y ciudadanos pueden enviar opiniones, datos o argumentos técnicos sobre la norma propuesta a través del Registro Federal. Una vez analizados los comentarios, el DHS decidirá si adopta el aumento de forma definitiva.
Preocupación por el acceso a la defensa
Abogados de inmigración han señalado que este incremento representa una barrera económica significativa para las familias de escasos recursos. Advierten que elevar el costo de 155 a 755 dólares podría dejar a muchas personas vulnerables sin la posibilidad de solicitar este alivio temporal, limitando su capacidad para defenderse de una salida inmediata del país mientras resuelven emergencias médicas o legales críticas.

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