Dos de cada tres migrantes detenidos por ICE eran personas sin antecedentes

Gracias a sus políticas de mano dura contra la migración del presidente Donald Trump, el número arrestos diarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pasó 300 a más de mil 200; si bien esta cifra suena impresionante, durante sus 15 meses de gobierno, el mandatario no ha cumplido con su promesa de ir tras “lo peor de lo peor“, pues de todos los arrestos de ICE sólo el 17% de las personas detenidas tenía alguna condena previa, reveló un informe publicado por el Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de Berkeley.

Aunque el discurso oficial se ha centrado en la detención de personas con antecedentes peligrosos, las cifras muestran un cambio drástico en quiénes están siendo el blanco de los operativos en las comunidades de Estados Unidos.

Para poner un ejemplo, durante la administración Biden casi dos tercios de los arrestos eran de personas detenidas en cárceles, prisiones federales, estatales y/o locales. Un número mucho menor (aproximadamente 75 diarios) se realizaba fuera de los centros penitenciarios. La gran mayoría de los arrestos de ICE eran contra personas con antecedentes: el 56% tenía al menos una condena previa (por leve que fuera), el 28% tenía al menos un cargo penal pendiente y solo el 16% no tenía antecedentes penales. Ahora, la cosa es distinta.

¿Qué ha pasado con los arrestos de ICE?

El aumento de los arrestos en la comunidad (“At-large”)

A diferencia de años anteriores, las tácticas cambiaron hacia operativos en la vía pública o domicilios. En el pico de los operativos en diciembre de 2025, más de 800 arrestos diarios ocurrieron en entornos comunitarios (calles, lugares de trabajo o viviendas), superando por primera vez en meses a los arrestos realizados en centros de detención criminal.

Los datos contradicen la versión de que solo se busca a personas con perfiles criminales de alto riesgo. Las estadísticas de la “Operación Metro Surge” y operativos en ciudades como Chicago, Minneapolis y Nueva Orleans muestran lo siguiente:

• Dos de cada tres arrestos realizados en la comunidad durante el invierno de 2025-2026 correspondieron a personas sin ningún antecedente criminal.
• De los pocos que sí tenían una condena previa, solo un tercio fueron clasificados por ICE como “ofensores serios”. La mayoría de los procesados tenían únicamente faltas menores o delitos administrativos.
• Por cada arresto de una persona considerada una amenaza seria, se realizaron 12 arrestos de personas sin registro criminal alguno.

El uso de convenios con policías locales, como el 287(g)

El gobierno federal ha incrementado su dependencia en los acuerdos con autoridades estatales y locales para realizar funciones migratorias. Esto es especialmente visible en estados como Florida y Texas.

• El caso de Florida: En 2024, solo el 13% de los arrestos migratorios involucraban estos convenios. Para los primeros dos meses de 2026, esa cifra subió al 29%.
• Impacto regional: Debido a estos acuerdos, Texas y Florida registran hoy un volumen de arrestos significativamente mayor que California, a pesar de que este último tiene una población indocumentada más grande.

Cambio de estrategia hacia la “vía silenciosa”

Tras la conclusión de operativos masivos de alta visibilidad, las autoridades han señalado un cambio hacia lo que denominan una “vía silenciosa” de deportación masiva.

Este enfoque consiste en aumentar la presión institucional y legal para que los migrantes opten por la “salida voluntaria“. Esto incluye el uso de todo el peso administrativo del gobierno para dificultar la permanencia de los residentes de larga duración en el país, incluso si no tienen antecedentes penales.

Recomendaciones y realidades del proceso

Es fundamental que la comunidad comprenda la situación actual de los procesos de deportación:

• Récord de deportaciones: ICE está en camino de superar el récord histórico de 2009. Actualmente se deportan más de 30 mil personas al mes directamente desde centros de detención.
• Transparencia: Gran parte de esta información se ha obtenido únicamente a través de demandas legales (FOIA), ya que la publicación de datos oficiales por parte de las agencias ha disminuido.