Estos son los países que han aceptado acuerdos de deportación de Estados Unidos

La agenda de deportaciones masivas de la administración del presidente Donald Trump contempla, por diversos motivos, enviar a extranjeros a países de los que son originarios, lo cual supone distintos problemas para los migrantes, pues son decenas de países en todo el mundo los que reciben a estas personas, las cuales en muchos casos enfrentan situaciones compleja, como encierro prolongado, falta de acceso a servicios básicos, permisos de empleo y hasta pueden ser víctimas del crimen organizado.

Una de las metas de la administración Trump es alcanzar la meta de 1 millón de deportaciones anuales, sin embargo, al quedarse lejos de estas cifras comenzó a implementar esta práctica y, de acuerdo con organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), el Migration Policy Institute (MPI) y el Committee for Refugees and Immigrants, esta polémica medida no se sostiene por su volumen masivo, sino por el impacto psicológico y el factor disuasorio que genera en las comunidades migrantes.

Las regiones y las naciones que reciben a extranjeros de otras nacionalidades es extensa, pueden ser pequeñas naciones insulares como Palaos hasta países en conflicto como Sudán del Sur y en este artículo te hablaremos más de ellas.

¿Cuáles son los países que reciben deportados de terceros países desde Estados Unidos?

La administración Trump ha entablado acuerdos de deportación con 27 países y planea firmar acuerdos con muchos más países. Al no ser públicos en su mayoría, los expertos los dividen en cuatro categorías operativas según la información que ha trascendido:

1. Tercer país seguro / Cooperación: El país receptor ofrece acceso a procedimientos de asilo.
2. Puente de deportación: El país retiene a los deportados mientras gestiona su envío al país de origen.
3. Encarcelamiento: El país retiene a los deportados mientras gestiona su envío al país de origen.
4. Híbridos: Combinación de elementos (reubicación o transporte sin garantías de estatus legal).

El traslado de personas a países donde no tienen lazos familiares, no conocen la cultura y muchas veces ni siquiera hablan el idioma (como enviarlos a África o Asia) resulta extremadamente costoso para el erario público.

Por ello, analistas concluyen que el verdadero objetivo de los convenios con países como Eswatini (al que EE. UU. pagó $5.1 millones) o Ruanda ($7.5 millones) es incentivar la “autodeportación”. Al saber que su destino final podría quedar completamente fuera de sus manos, se presiona a los migrantes indocumentados para que abandonen sus casos de asilo, acepten regresar voluntariamente a sus países de origen o desistan de viajar a Estados Unidos.

Deportaciones a terceros países en cifras

De acuerdo con las estimaciones del MPI y otros registros disponibles hasta marzo de 2026, las cifras de estas operaciones son mínimas si se comparan con el total de deportaciones:

• Deportaciones totales de ICE: En 2025, primer año de la actual administración, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó un estimado de 396 mil deportaciones.
• Deportaciones a terceros países: Entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025, solo se registraron unas 15 mil deportaciones bajo este esquema.
• México, el país que recibe más migrantes: De esas 15 mil deportaciones, 13 mil se realizaron hacia México. De este grupo, los ciudadanos de origen cubano representaron la mayoría, con 6 mil personas devueltas.

Especialistas han cuestionado estas medidas, pues violan el debido proceso, además, al salir del espacio aéreo estadounidense, EE.UU. se deslinda de responsabilidades. Esto expone a los migrantes a que el tercer país los deporte nuevamente a su país de origen, donde sus vidas podrían correr peligro, violando el derecho internacional.

Por otro lado, la mayoría de los países firmantes no tienen la capacidad económica ni los sistemas de asilo necesarios para procesar e integrar a ciudadanos extranjeros.

En febrero de 2026, un juez federal de Boston dictaminó que los inmigrantes deben recibir una notificación significativa y tiempo suficiente para presentar objeciones antes de ser enviados a un tercer país. La administración apeló el fallo, por lo que la Corte Suprema de los EE. UU. tendrá la última palabra durante el periodo judicial 2026-2027.